Nuevo crimen sacude a Antioquia: un comerciante fue dado de baja en medio de escalada de violencia

La violencia en el municipio de Andes, Antioquia, no da tregua. Este viernes, Hernando Bedoya, conocido como ‘Frijolero’ y propietario de una panadería, fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el sector La Unión, corregimiento La Chaparrala. El cuerpo presentaba signos evidentes de tortura, con las manos atadas y una herida mortal en el cuello, según confirmaron fuentes locales.
El asesinato de Bedoya eleva a 42 el número de homicidios registrados en Andes en lo que va de 2025, de los cuales ocho han ocurrido en los últimos diez días, según datos de la Corporación para el Desarrollo y la Paz (CORPADES). Este nuevo crimen intensifica las alarmas en una región golpeada por una creciente ola de violencia, especialmente en el contexto de la temporada de recolección de café, periodo en el que históricamente se agudizan los problemas de orden público.
Organizaciones sociales han denunciado la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades para contrarrestar esta situación. A través de redes sociales, ciudadanos y líderes comunitarios han cuestionado la eficacia de la ‘Tasa de Seguridad’ impulsada por la Gobernación de Antioquia, argumentando que no se refleja en mejoras tangibles para la seguridad ciudadana. Las críticas también apuntan a la Secretaría de Seguridad de Antioquia, liderada por Luis Bernardo Gómez Martínez, y a la Gobernación, señaladas por no abordar de manera efectiva las problemáticas territoriales que son de conocimiento público.
“La ciudadanía está cansada de promesas vacías. Las autoridades saben lo que pasa en Andes y en toda la subregión, pero no vemos acciones reales para frenar esta violencia”, expresó un representante de CORPADES, quien también advirtió que la situación podría empeorar durante los próximos meses debido a la dinámica económica y social que trae la cosecha cafetera.
El caso de ‘Frijolero’ ha generado conmoción en Andes, un municipio donde los comerciantes, como él, son blanco recurrente de la criminalidad. La comunidad exige respuestas urgentes y medidas concretas para garantizar la seguridad y evitar que la lista de víctimas siga creciendo.
Por el momento, ni la Gobernación de Antioquia ni la Secretaría de Seguridad han emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo homicidio. La investigación está en curso, pero la incertidumbre y el miedo persisten entre los habitantes de Andes, quienes claman por justicia y protección en medio de una crisis que parece no tener fin.
La tragedia en Andes no es un hecho aislado. En los últimos siete días, del 5 al 12 de septiembre de 2025, Antioquia ha sido escenario de múltiples incidentes violentos que reflejan una crisis de seguridad profunda, con homicidios, femicidios, enfrentamientos armados y amenazas de grupos ilegales. Según reportes de medios locales y organizaciones como Indepaz, estos eventos suman al menos una decena de víctimas directas y han generado un clima de terror en varias subregiones, incluyendo el Suroeste, Norte y Valle de Aburrá. La Defensoría del Pueblo ha reiterado alertas tempranas sobre el riesgo en zonas como Ituango y el Bajo Cauca, pero las acciones concretas parecen insuficientes.
Entre los sucesos más destacados:
- 3 de septiembre (reportado ampliamente en los últimos días): Asesinato de la lideresa social María Mariela Monsalve Tobón en el corregimiento de Santa Rita, Ituango. Monsalve, campesina y miembro de la Junta de Acción Comunal, fue abatida en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y el Clan del Golfo. La comunidad acusa directamente a las fuerzas militares de su muerte, mientras que el Ejército alega que ocurrió en un combate donde los ilegales usaron civiles como escudos. Este caso eleva a 110 el número de líderes sociales asesinados en Colombia en 2025, con Antioquia contribuyendo con al menos 24. Indepaz denuncia que desde 2016, el departamento suma 249 casos similares, atribuyendo la impunidad (alrededor del 99%) a la falta de protección efectiva.
- 6 de septiembre: Enfrentamientos armados en la vía San José de la Montaña-Hidroituango, Norte de Antioquia, donde tropas del Ejército chocaron con ocupantes de un vehículo sospechoso, posiblemente vinculado a grupos narcotraficantes. El incidente dejó un vehículo abandonado y tensiones en la zona, sin víctimas fatales reportadas, pero evidencia la persistencia de la presencia de bandas en corredores estratégicos para el tráfico de drogas.
- 7 de septiembre: Femicidio en Rionegro, Oriente antioqueño. Yusneydi Naybel Solórzano, una venezolana de 25 años y madre de dos niños, fue apuñalada mortalmente por su pareja en un sector popular. Los hijos de la víctima resultaron heridos en el ataque, generando conmoción por la violencia de género. Este caso se suma a una serie de incidentes similares en la región, donde la migración vulnerable agrava la explotación y los abusos.
- 10 de septiembre: Golpiza brutal a un menor en Yarumal, Norte de Antioquia. Un video viral mostró a un hombre agrediendo salvajemente a su hijo, lo que llevó a la intervención del ICBF y la Fiscalía. La comunidad exige justicia, tipificando el hecho como violencia intrafamiliar agravada. Autoridades activaron protocolos de protección, pero el incidente resalta la creciente denuncia de abusos en hogares, con Antioquia reportando un aumento en casos de este tipo.
- 11 de septiembre: Crimen macabro en Pueblorrico, Suroeste antioqueño. Un comerciante fue desmembrado y decapitado, según investigaciones preliminares de la Policía. El hallazgo generó pánico en el municipio, y las autoridades vinculan el hecho a disputas por extorsiones o narcotráfico. Además, en el mismo día, se reportó un doble homicidio en la Autopista Medellín-Bogotá, cerca de Marinilla, con tres capturas relacionadas al caso.
- Amenazas generalizadas: Al menos 20 panfletos amenazantes circulan en municipios como Briceño, Ituango, Valdivia y Yarumal, Norte de Antioquia. Grupos ilegales advierten extorsiones y represalias contra quienes no paguen o se movilicen. Estas intimidaciones, difundidas en redes y papel, han paralizado actividades comunitarias y económicas, según reportes de la Policía Antioquia.
Estos eventos forman parte de una tendencia alarmante: en los primeros meses de 2025, Antioquia registró 4 masacres (67 víctimas nacionales, con fuerte impacto local), 5 asesinatos de firmantes de paz y un incremento del 15% en homicidios comparado con 2024. Organizaciones como el Intergremial de Antioquia denuncian un “espiral de violencia” que crece diariamente, atribuyéndolo al fortalecimiento de grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que aprovechan la temporada de cosecha para extorsionar a caficultores y comerciantes.
En este contexto, las críticas se dirigen directamente al gobernador Andrés Julián Rendón, quien asumió el cargo en 2024 prometiendo una “Antioquia segura”. Líderes comunitarios y gremios como Proantioquia cuestionan su gestión, señalando ausencias en operativos clave y promesas incumplidas en materia de inversión en seguridad (como los $420.000 millones en Obras por Impuestos para zonas violentas, que no han frenado la criminalidad). “El gobernador sabe de estas problemáticas territoriales, pero no vemos acciones reales; la plata hay, pero se pierde en derroche mientras la violencia nos consume”, expresó Nicolás Posada López, presidente del Intergremial de Antioquia, en un video reciente. Rendón ha culpado en parte al Gobierno nacional de Gustavo Petro por la “paz total” fallida, pero la ciudadanía exige que asuma responsabilidad local, fortaleciendo la presencia policial y judicial en subregiones críticas como el Suroeste y Norte. Hasta el momento, el gobernador no ha emitido pronunciamientos específicos sobre estos últimos sucesos, lo que agrava la percepción de inacción.
La ola de violencia no solo amenaza vidas, sino también la economía y la paz social en Antioquia. Expertos de la ONU y Human Rights Watch llaman a medidas urgentes, como la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 y protección para vulnerables. Sin respuestas coordinadas, la región arriesga un retroceso mayor en sus esfuerzos por la estabilidad.
