Anulado Aguas Vivas: Quintero acusa persecución del alcalde de Medellín y anuncia contraofensiva judicial

Foto: Archivo

En un giro judicial que ha sacudido el panorama político antioqueño y nacional, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín declaró la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, en el controvertido caso conocido como Aguas Vivas. La decisión, tomada el 14 de julio, ha sido celebrada por Quintero como un triunfo contra lo que califica de “persecución política”, mientras el alcalde Federico Gutiérrez la califica de maniobra dilatoria y anuncia apelación inmediata.

“Dios gracias!!! Se hizo justicia. Anulado el caso de Aguas Vivas. Fui perseguido por Fico y una Fiscalía politizada para sacarme del camino a la Presidencia y favorecer a Abelardo de la Espriella”, escribió Quintero en su cuenta de X la noche del martes, en un trino acompañado de un video que rápidamente acumuló decenas de miles de interacciones. En el mensaje, el exmandatario local no solo celebró la decisión, sino que anunció acciones concretas: pedirá medidas de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para él, su familia y su equipo, y creará la “Fundación Perseguidos Políticos” para defender a personas afectadas por razones políticas en Colombia y el mundo. “Lo mismo le harán a Petro y a muchos ministros. Se hizo justicia en mi caso, pero esto no puede quedar así”, añadió.

Reacción inmediata de Quintero: de la defensa al contraataque

Este miércoles, Quintero no se limitó a la celebración. En un segundo trino de alto impacto, respondió directamente al alcalde Gutiérrez y elevó el tono: “Alcalde Gutiérrez, hoy no solo se cayó la persecución que lanzó contra mí, mi familia y mi equipo para sacarme del camino a la Presidencia, sino que además empieza el camino para que usted tenga que responder por delitos contra la administración pública”. Anunció que esta misma semana impulsarán la denuncia presentada en 2022 contra el contrato firmado por la anterior administración y buscarán reparación por daños económicos y reputacionales. “La justicia cojea pero llega. Va por usted y le va a llegar”, sentenció.

En otro extenso mensaje dirigido a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, Quintero planteó una serie de interrogantes que resumen su narrativa de persecución: cuestionó por qué la Fiscalía no investigó con profundidad el contrato original firmado en la administración Gutiérrez, por qué se impulsaron tesis favorables al actual alcalde, por supuestas inconsistencias en la interpretación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y por el rol de la fiscal seccional de Medellín, contratada según él por Gutiérrez. “La Fiscalía de Medellín violó el debido proceso y mi derecho a la defensa”, afirmó, exigiendo intervención directa de la jefe del ente acusador.

La posición de Federico Gutiérrez: “Una nulidad no borra los hechos”

El alcalde Federico Gutiérrez, quien ha hecho de la lucha anticorrupción uno de los ejes de su discurso, reaccionó con mesura formal pero firmeza en el fondo. En su trino del martes por la noche, reconoció la decisión judicial pero la enmarcó como un ajuste procedimental: “Hoy una juez determinó que se deben realizar unos ajustes de la imputación contra el jefe de la banda y los demás implicados en el caso Aguas Vivas, ordenando que esa diligencia se realice nuevamente”.

Gutiérrez enfatizó que, como víctimas, no comparten la determinación “ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”. Confió en la apelación ante el Tribunal Superior de Medellín y cerró con un mensaje contundente: “Vamos a defender hasta las últimas instancias los recursos de la gente. Y que nadie se equivoque: una nulidad no borra los hechos, no desaparece las pruebas y mucho menos limpia las responsabilidades que la justicia debe esclarecer. Aquí todos sabemos quiénes fueron los que se robaron a Medellín”.

¿Qué dijo exactamente la justicia?

Según el fallo de la jueza 22 Penal del Circuito, la nulidad se decretó porque la Fiscalía no expuso con “claridad y sucinta” relación entre los hechos investigados y las conductas atribuidas a los imputados, lo que vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso. La imputación afectaba a Quintero y a otros 12 exfuncionarios por presuntos delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

No se trata de una absolución ni del archivo del caso. La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, en representación de las víctimas, ya apelaron. El Tribunal Superior de Medellín definirá el futuro del proceso en una audiencia prevista para el 6 de agosto de 2026. Mientras tanto, la investigación por las presuntas irregularidades en el predio de más de 145.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad sigue su curso.

Contexto del caso Aguas Vivas: un predio, dos administraciones y años de controversia

El caso se remonta al 27 de diciembre de 2019, en los últimos días de la primera alcaldía de Federico Gutiérrez. La administración firmó una escritura pública con empresas privadas (IDC Inversiones y Técnicas Constructivas) y el ciudadano Juan Manuel Villegas, mediante la cual se cedía el predio Aguas Vivas como compensación por obligaciones urbanísticas. Durante la alcaldía de Quintero (2020-2023), se decidió terminar ese contrato por irregularidades, se denunció ante la Fiscalía y se buscó usar el lote para proyectos como el “Valle del Software”. Los propietarios originales reclamaron la devolución.

La Fiscalía acusó a Quintero y su equipo de irregularidades al anular la cesión y supuestamente beneficiar a terceros. Quintero, por su parte, ha sostenido desde el principio que se trató de un montaje político para afectar su imagen y aspiraciones presidenciales, señalando que su administración no pagó por el lote y que, al contrario, denunció las irregularidades del contrato original firmado por Gutiérrez.

El debate ha incluido cuestionamientos sobre posibles modificaciones al POT, valoraciones del predio y el rol de fiscales locales. Medios independientes como La Silla Vacía han analizado el caso en el pasado, destacando imprecisiones en la acusación y la ausencia de un desfalco claro de recursos públicos.

Implicaciones políticas y judiciales

El fallo llega en un momento de alta tensión nacional. Quintero, ahora en un cargo nacional como superintendente de Salud, mantiene aspiraciones políticas y ha vinculado el caso directamente con figuras como Abelardo de la Espriella. Gutiérrez, por su parte, consolida su imagen de gestor anticorrupción en Medellín, donde ha entregado cientos de hallazgos sobre presuntas irregularidades de la administración anterior.

Analistas locales ven en este pulso un capítulo más de la profunda rivalidad política entre ambos líderes antioqueños, que trasciende lo judicial y se proyecta hacia futuras contiendas electorales. Mientras Quintero habla de “perseguidos políticos” y compara su situación con la de Gustavo Petro, Gutiérrez insiste en que los hechos de corrupción no desaparecen por decisiones procesales.

Por ahora, el caso Aguas Vivas no está cerrado. La apelación determinará si la imputación se rehace o si el proceso toma otro rumbo. Lo que sí es claro es que, más allá de los tribunales, la batalla comunicacional y política entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez apenas comienza un nuevo round. La justicia, como dice Quintero, “cojea pero llega”. O, como replica Gutiérrez, defenderá “hasta las últimas instancias los recursos de la gente”.

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