Medellín: Cómo el reconocimiento a grupos antiaborto pervierte la lucha por los derechos de las mujeres

En el corazón de la capital antioqueña, ciudad que alguna vez se erigió como baluarte de transformación social, un acto reciente del Concejo Municipal ha encendido alarmas entre activistas feministas y defensoras de derechos humanos. El 4 de junio de 2025, la Orden al Mérito Débora Arango –un galardón inspirado en la pintora transgresora que desafió con su pincel los grilletes del machismo y la opresión– fue entregada a la Red Provida Latam, una organización que, bajo el manto de “acompañar embarazos en crisis”, promueve activamente la restricción del aborto como derecho fundamental. Esta decisión no solo distorsiona el espíritu de la distinción, sino que revela una peligrosa instrumentalización política que amenaza con revertir avances clave en la autonomía reproductiva de las mujeres colombianas.

Débora Arango (1907-2005) no era una figura pasiva. Sus obras, cargadas de desnudos femeninos y críticas aceradas a la sociedad conservadora, cuestionaban el rol impuesto de la mujer como mero recipiente de maternidad obligatoria. En una Colombia de los años 40 y 50, donde el aborto era tabú y la violencia de género un silencio ensordecedor, Arango pintó la realidad: cuerpos libres, deseos reprimidos y un Estado que ignoraba la agencia femenina. Crear una orden en su nombre, mediante el Acuerdo 088 de 2013, fue un acto de justicia poética: reconocer a quienes defienden “el empoderamiento, la solidaridad y la apuesta por la paz”, y promueven “la defensa y promoción de los derechos de las mujeres”. Pero premiar a un grupo antiaborto con este honor es como coronar a un censor con la pluma de García Márquez: una profanación deliberada.

La Red Provida Latam, operando bajo la Corporación Uno Más desde 2011 (con raíces en protestas contra la Clínica de la Mujer en 2008), se autodefine como un apoyo emocional y material para mujeres en “embarazos no deseados”. Sin embargo, su agenda va más allá: es parte de una red global provida que equipara el aborto con homicidio, ignora contextos de pobreza, violencia sexual o riesgo médico, y presiona legislativamente contra la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. En un país donde el 16% de los embarazos adolescentes terminan en maternidades forzadas –según datos del Ministerio de Salud–, estas organizaciones no “acompañan”: imponen, estigmatizan y perpetúan desigualdades. Su retórica de “vida desde la concepción” no salva embriones; silencia a mujeres que, según Amnistía Internacional, enfrentan barreras reales al acceso a servicios reproductivos, como estigma médico o falta de información.

El impulsor de esta condecoración, el concejal Brisvani Arenas (Partido Conservador), no es un outsider. Integrante de Lazos de Amor Mariano –un grupo ultracatólico fundado en 1999 que ha escalado de oraciones en Laureles a un lobby político bajo la sombrilla de Unión Familia–, Arenas ha entregado 11 reconocimientos en sus primeros 18 meses, muchos a entidades afines: congregaciones religiosas, think tanks conservadores como Fundación Conciudadanos y hasta colegios vinculados al Opus Dei. Esta “máquina de distinciones” del Concejo –353 en 18 meses, casi una por día hábil– opera en un vacío de escrutinio: propuestas por escrito, votadas en bloque sin registro nominal, y aprobadas en una “cultura de cordialidad” que, como critica el concejal opositor José Luis Marín (“Aquino”), permite adhesiones ciegas. ¿Resultado? Un Concejo que condecora a influencers ultraderechistas como Agustín Laje (mayo 2025) o incluso a Álvaro Uribe, mientras invisibiliza luchas grassroots por equidad de género.

Las voces críticas no se hacen esperar. Sonia Vásquez, exsecretaria de la Mujer de la Alcaldía de Medellín durante la creación de la orden, lo llama “el colmo de la distorsión”: “Esta condecoración honraba a mujeres como Débora, que defendían derechos reales. Ahora, se usa para legitimar agendas antiderechos”. Dora Saldarriaga, exconcejala y feminista histórica, va más allá: “Es un atentado a la memoria histórica. Provida no es pro-vida; es anti-autodeterminación. En un Concejo sin control político, estos intereses conservadores erosionan lo que hemos ganado con sangre y pluma”.

No se trata de demonizar creencias religiosas –el derecho a disentir es sagrado–, pero sí de cuestionar su infiltración en espacios públicos. Colombia ha avanzado: de tres causales restrictivas en 2006 a la despenalización plena en 2022, gracias a movilizaciones como las de 2019-2021. Sin embargo, en Medellín, epicentro de un feminicidio semanal (según la Alcaldía), premiar a antiabortistas envía un mensaje tóxico: que la “crisis” es de la mujer, no del sistema que la abandona post-parto, con licencias maternales insuficientes y sin redes de apoyo real.

Este episodio urge una reforma: votaciones nominales obligatorias para distinciones, auditorías independientes y un debate público sobre afinidades ideológicas en el Concejo. Débora Arango nos enseñó a mirar de frente la hipocresía; hoy, su legado exige que no miremos para otro lado. ¿Cuántas mujeres más deben alzar la voz antes de que Medellín vuelva a ser, de verdad, una ciudad de derechos? La respuesta está en las urnas de 2027, pero también en las sesiones de mañana. No condecoremos el retroceso; celebremos la libertad.

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