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Supuesto complot de generales retirados contra el gobierno, que terminaría protegiendo la minería ilegal en Antioquia

El escándalo que señalaba presuntos nexos del gobierno de Gustavo Petro con disidencias de las FARC, podría ser en realidad una operación de inteligencia clandestina montada por un grupo de generales retirados y políticos regionales para encubrir millonarios negocios de minería ilegal en el nordeste antioqueño y Bajo Cauca, según fuentes de alto nivel consultadas por este medio bajo estricta reserva.

El informe difundido el pasado fin de semana por el periodista Ricardo Calderón en Noticias Caracol –que advertía sobre traslados “sospechosos” de militares en Medellín y Antioquia por supuestos vínculos con estructuras criminales– habría sido alimentado deliberadamente con información falsa creada con inteligencia artificial, incluyendo chats, audios y correos electrónicos fabricados, con el objetivo de generar un escándalo nacional que desviara la atención de actividades ilícitas en municipios como Amalfi, Segovia y Remedios.

Las fuentes consultadas aseguran que el origen real de la “filtración” no proviene, como se insinuó inicialmente, de las disidencias de las extintas FARC, sino de un grupo de oficiales retirados que fueron desvinculados o apartados de sus cargos durante la actual administración. Este núcleo habría sostenido al menos una reunión en Medellín en las últimas semanas para coordinar lo que califican como “una operación de desprestigio de manual”.

Los nombres que circulan

Entre los oficiales retirados señalados como posibles articuladores de la estrategia aparecen:

  • General (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
  • General (r) Jorge Eduardo Mora
  • General (r) Juvenal Díaz Mateus, actual gobernador de Santander
  • El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella

Además, en los chats que circulan internamente –y que este medio ha podido verificar parcialmente– se menciona al general (r) Juan Carlos Fajardo González y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como figuras que habrían sido advertidas o consultadas sobre los movimientos.

Objetivos estratégicos de la presunta operación

Según las fuentes, el plan tendría varios propósitos simultáneos:

  1. Desviar la atención de la Fuerza Pública y de la Fiscalía de las investigaciones sobre minería ilegal en Antioquia, donde se estarían moviendo “grandes sumas de dinero” provenientes de esta actividad.
  2. Generar caos político a menos de un año de las elecciones regionales y a dieciocho meses de las presidenciales de 2026.
  3. Debilitar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y generar desconfianza sobre su trabajo.
  4. Forzar el traslado de un general activo –cuyo nombre se mantiene en reserva– que estaría bloqueando el reposicionamiento de oficiales afines a este grupo y que se perfila como posible segundo comandante del Ejército.
  5. Provocar pronunciamientos de funcionarios estadounidenses que amplifiquen el escándalo en el exterior.

El financiamiento político

Una de las revelaciones más delicadas es la supuesta participación económica y logística de “un candidato presidencial” que estaría respaldando la operación. Aunque no se entregó nombre específico, las fuentes aseguran que existen registros de reuniones y transferencias que vincularían a uno de los aspirantes actualmente en campaña.

Reacción oficial (hasta ahora ninguna)

Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Defensa, ni el Comando del Ejército, ni la Gobernación de Antioquia ni los oficiales mencionados han emitido pronunciamiento oficial sobre estas graves acusaciones. El gobernador Andrés Julián Rendón se limitó a publicar en X: “Antioquia no se deja intimidar por cortinas de humo”, sin referirse directamente al tema.

Por su parte, el general (r) Zapateiro escribió en su cuenta: “Los que hoy callan mañana hablarán. Ajuaaa”, mensaje que ha sido interpretado por algunos como una respuesta indirecta.

Este medio continúa investigando y contrastando la información. En las próximas horas se espera que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría anuncien si abrirán investigaciones formales por posible falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir.

Lo que comenzó como un supuesto golpe al gobierno Petro podría terminar siendo el mayor escándalo de lawfare y protección de intereses criminales que se recuerde en los últimos años en Colombia. La pelota, ahora, está en el tejado de las autoridades.

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