Cien días bajo fuego: los ataques terroristas se disparan un 304 % y desnudan los vacíos en la estrategia de seguridad de Abelardo
El primer centenario de días de la administración de Abelardo de la Espriella cierra con un balance en materia de orden público que enciende todas las alarmas institucionales y cuestiona la efectividad temprana de su doctrina de “mano firme”. Lejos de contener la capacidad operativa de las estructuras ilegales, el viraje abrupto hacia la confrontación total ha coincidido con una escalada sin precedentes recientes: los actos tipificados como terrorismo aumentaron un 304 % frente al inicio del gobierno anterior, al pasar de 84 a 339 casos en apenas tres meses, según el balance comparado del Ministerio de Defensa citado por Infobae.
Esta cifra, que abarca atentados con cargas explosivas, lanzamientos de granadas y ataques directos contra estaciones de policía y cantones militares, expone una vulnerabilidad crítica en la arquitectura defensiva del Estado. Analistas y sectores de la oposición señalan que el Ejecutivo ordenó una ofensiva militar y la reactivación de los bombardeos aéreos sin blindar previamente las unidades territoriales ni anticipar la capacidad de represalia asimétrica de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
El costo humano de una transición sin contención
El impacto de esta estrategia de choque se refleja directamente en las bajas sufridas por la Fuerza Pública durante sus primeros cien días de gestión, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la cartera de Defensa:
- Incremento general en bajas y heridos: Entre el 7 de agosto y noviembre de 2026, el número de uniformados asesinados en cumplimiento del deber escaló un 58 %, al pasar de 24 víctimas mortales en el arranque del cuatrienio de 2022 a 38 en el mismo periodo de 2026. De manera paralela, los integrantes de la Fuerza Pública heridos aumentaron un 72 %, subiendo de 124 a 213 afectados.
- La crisis en el Ejército Nacional: Las tropas militares absorbieron el golpe más severo de esta reactivación del conflicto. Los soldados asesinados en emboscadas, campos minados y ataques a instalaciones subieron un 163 % (pasando de 8 a 21 casos), mientras que los militares heridos registraron un alza del 264 %, al saltar de 36 a 131 uniformados lesionados.
- Presión sostenida sobre la Policía: Aunque la cifra de policías asesinados se mantuvo en 16 casos respecto al inicio del gobierno previo, las estaciones policiales en zonas rurales y cabeceras municipales se convirtieron en blancos recurrentes del aumento del 304 % en acciones terroristas.
La amenaza aérea no tripulada y los vacíos de inteligencia
Más allá de los números absolutos, el monitoreo independiente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advierte sobre un cambio cualitativo en la violencia que parece haber superado la capacidad de respuesta tecnológica del Ministerio de Defensa. Entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026, Pares documentó 111 acciones armadas directas en el territorio nacional.
El informe subraya que los ataques mediante drones comerciales modificados con explosivos contra bases militares y puestos de policía, junto con los combates abiertos, se consolidaron como las tácticas predominantes. Críticos de la gestión actual sostienen que el Gobierno subestimó la sofisticación tecnológica adquirida por los actores armados durante los últimos años y lanzó operaciones de alto impacto sin contar con sistemas antidrones desplegados en las regiones más vulnerables, como el Catatumbo, el Cauca y el sur de Bolívar.
El debate político: ¿firmeza o improvisación?
Desde el Palacio de Nariño y el Ministerio de Defensa se defiende el balance argumentando que el repunte violento es la reacción desesperada de las organizaciones criminales ante la pérdida de santuarios, la suspensión de los ceses al fuego y la recuperación de la iniciativa ofensiva por parte del Estado. Para el oficialismo, el costo inicial es parte inevitable de retomar el control territorial tras cuatro años de negociaciones.
Sin embargo, para amplios sectores políticos, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, un aumento del 304 % en actos terroristas en cien días evidencia una falla grave de planificación estratégica. Las críticas apuntan a que el Gobierno priorizó el discurso de autoridad y la golpeabilidad mediática sobre la inteligencia preventiva y la protección de la vida de los uniformados, dejando a las guarniciones locales expuestas a una guerra de desgaste.
Al cruzar la barrera de los primeros cien días, la administración de Abelardo de la Espriella enfrenta un escenario complejo: demostrar que su política de seguridad puede traducirse en control efectivo y reducción de la violencia, y no en una espiral donde el Estado golpea desde el aire mientras sus bases y estaciones en tierra absorben el costo humano de la represalia.
