La maquinaria digital y electoral en la Alcaldía de Medellín ¿abuso de poder público para impulsar Creemos?
El partido de Federico Gutiérrez ‘Fico’ gobierna en coalición con el Centro Democrático en la capital de Antioquia

En un contexto electoral cada vez más polarizado, donde los movimientos políticos buscan expandir su influencia desde lo local hacia lo nacional, surge una investigación que pone en evidencia prácticas cuestionables en la Alcaldía de Medellín. Basándonos en datos publicitarios, contratos públicos, testimonios y documentos internos, revelamos una red digital sofisticada y la circulación indebida de listas de votantes en dependencias municipales, todo orientado a impulsar la campaña del movimiento Creemos para las elecciones al Congreso de 2026. Esta operación, que involucra inversiones millonarias y personal contratado por la administración del alcalde Federico Gutiérrez, plantea serias dudas sobre el uso de recursos públicos para fines partidistas, violando normativas éticas y legales. A diferencia de reportes previos, esta análisis profundiza en los patrones históricos de tales prácticas, cuestiona las negaciones oficiales y exige una intervención inmediata de las autoridades electorales.
La Red Digital: Una Inversión Millonaria en Propaganda Coordinada
Desde el 28 de enero de 2026, fecha en que se anunció la alianza entre Creemos y el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, una docena de páginas en Facebook e Instagram han invertido más de $467 millones en publicidad digital para promover las listas de Creemos al Senado y Cámara. Páginas como “El Tigre es Creemos”, “Fico es Creemos”, “Medellín es Creemos” y otras –creadas originalmente entre 2019 y 2021, y renombradas estratégicamente en mayo de 2023 y enero-febrero de 2026– utilizan videos manipulados, narraciones generadas por inteligencia artificial y contenidos que exaltan las obras de la actual Alcaldía de Medellín.
Por ejemplo, “El Tigre es Creemos” –anteriormente “Somos Medellín” y “Popular y Santa Cruz con Fico”– gastó $84 millones en 102 publicaciones en menos de un mes, alcanzando millones de reproducciones. Esta inversión no es aislada: páginas como “Fico y Abelardo son Creemos” y “Medellín es Creemos” suman más de $228 millones. Lo alarmante es la coordinación evidente, con números de celular idénticos registrados en Meta para múltiples anunciantes, vinculando directamente estas operaciones a contratistas de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía.
Esta estrategia no solo asocia las listas de Creemos con la imagen del alcalde Gutiérrez –fundador del movimiento y quien evitó desautorizar públicamente su uso–, sino que también incorpora elementos como el eslogan “Yo me identiFICO”, reminiscentes de campañas pasadas. En comparación con otras campañas nacionales, esta cifra de gasto en un mes supera lo reportado por movimientos similares en etapas iniciales, sugiriendo un financiamiento opaco que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería investigar de inmediato. Fuentes consultadas indican que Creemos busca recuperar su personería jurídica y proyectarse nacionalmente, pero ¿a qué costo para la democracia local?
Conexiones con la Alcaldía: Contratistas al Servicio de la Campaña
La investigación revela vínculos directos entre estas páginas digitales y empleados de la Alcaldía. César Antonio Aguirre Gómez, tecnólogo en sistemas con cuatro contratos en la Secretaría de Comunicaciones desde 2025 (uno vigente hasta julio de 2026), está ligado al número de celular de “El Tigre es Creemos”. Similarmente, Andrés Felipe Jaramillo Londoño, con seis contratos desde 2024 y experiencia en la campaña de Creemos en 2023, maneja funciones de redes sociales y monitoreo de métricas, coincidiendo con el mismo número en documentos de empalme.
Estos contratistas, pagados con fondos públicos, parecen operar una “bodega” digital similar a la denunciada en 2017, cuando Mateo Gómez Vahos –asesor de redes de Gutiérrez– fue acusado de manejar cuentas falsas para influir en la opinión pública. Aunque Gutiérrez negó irregularidades entonces, el patrón se repite: uso de recursos institucionales para propaganda partidista. La Secretaría de Comunicaciones, dirigida por Carmen Herrera, no respondió satisfactoriamente a cuestionarios sobre estos nexos, limitándose a evasivas.
Además, empresas como La Tienda Creativa, propiedad de Juan Carlos “Cacho” Molina –amigo cercano de Gutiérrez y cuyo hijo Juan David Molina Olarte fue subsecretario municipal–, instalaron vallas publicitarias con la imagen del alcalde y juegos de palabras alusivos a Creemos. Una publicación eliminada de la empresa hablaba de “tomar partido”, confirmando sesgos políticos. Estas conexiones no son casuales; representan un conflicto de intereses que socava la neutralidad administrativa.
Listas de Votantes: Coacción y Violación a la Privacidad en Secretarías Municipales
Más grave aún es la circulación de listas de votantes en secretarías como Juventud, Seguridad y Cultura. En Juventud, dirigida por Ricardo Jaramillo, se distribuyó un archivo Excel titulado “Firmes y con toda (Congreso 2026) – Electoral”, solicitando a contratistas datos personales (nombre, cédula, residencia, contacto) para enviar a firmesycontoda@gmail.com. Un formulario de Google con el logo de Creemos preguntaba por votos de familiares y amigos, bloqueado tras consultas periodísticas el 23 de febrero.
Testimonios anónimos de contratistas revelan presiones: audios y mensajes indican que el empleo depende de apoyo político, con solicitudes específicas para candidatos como Juliana Gutiérrez Zuluaga (hermana del alcalde, cabeza de lista al Senado) y José Miguel Zuluaga (primo, aspirante a Cámara). Esto viola la circular de octubre de 2025 que prohíbe a funcionarios participar en política, y plantea riesgos de coacción laboral y violación a la protección de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012.
En Seguridad y Cultura, mensajes similares exigen listas para “apoyar a la familia del alcalde”. Estas prácticas no son nuevas: en 2021, el CNE sancionó a Santiago Gómez Barrera por publicidad extemporánea usando la imagen de Gutiérrez, involucrando a los mismos candidatos familiares. ¿Por qué se repite este abuso sin consecuencias mayores?
Alianzas Políticas y Patrones Históricos: De lo Local a lo Nacional
Creemos, fundado por Gutiérrez tras su alcaldía 2016-2019, busca dar el salto nacional con listas que incluyen a exfuncionarios como Simón Molina y Luis Guillermo Patiño. La alianza con De la Espriella, anunciada el 28 de enero en Plaza Botero y reforzada el 12 de febrero, usa eventos con banderas de Creemos y discursos que exaltan a Gutiérrez. De la Espriella ha elogiado públicamente la gestión del alcalde, afirmando que Colombia estaría mejor si Gutiérrez hubiera ganado la Presidencia en 2022.
Sin embargo, este impulso ignora antecedentes críticos: durante la campaña de 2023, Gutiérrez obtuvo 700.000 votos en Medellín rechazando la administración anterior de Daniel Quintero, pero ahora enfrenta acusaciones similares de clientelismo. Veedorías como Todos por Medellín y Poder Ver han denunciado irregularidades, y reportes electorales pasados destacan vulnerabilidades en Antioquia por grupos armados, que podrían explotar estas listas.
Negaciones Oficiales: Evasivas que No Convencen
Ante cuestionarios, el secretario Jaramillo negó solicitudes de listas, alegando voluntariedad. Gutiérrez citó la circular de 2025 y enfatizó transparencia, pero evadió preguntas directas en eventos como el de EAFIT el 24 de febrero. Estas respuestas contrastan con la evidencia: ¿por qué no desautoriza el uso de su imagen? ¿De dónde provienen los fondos para $467 millones en ads? Las negaciones suenan huecas frente a contratos y testimonios que apuntan a un engranaje bien aceitado.
Implicaciones: Un Ataque a la Democracia y Llamado a la Acción
Esta operación no solo viola resoluciones del CNE sobre coordinación de campañas y uso de bienes públicos, sino que perpetúa un sistema clientelar que erosiona la confianza ciudadana. En un país con altos índices de abstencionismo –como el 50-60% en elecciones recientes–, prácticas como estas distorsionan la voluntad popular y favorecen a elites familiares. Representan un riesgo ético mayor: coacción a contratistas precarios y exposición de datos sensibles en un contexto de violencia política.
Exigimos al CNE, la Procuraduría y la Superintendencia de Vigilancia investigar estos hechos, auditar fondos de Creemos y sancionar a los responsables. Medellín merece una administración transparente, no una maquinaria electoral disfrazada. Si no se actúa, este modelo se replicará nacionalmente, socavando la democracia colombiana.
