Bolivia y Ecuador sufren el fascismo de manera “excepcional”
Polonia y la ONU solicitaron a Ecuador una indagación por el caso de Monika Silva Koniuszek, quien investigaba la empresa de la familia del presidente, Daniel Noboa, y sus presuntos vínculos con el narcotráfico

Los pueblos de Bolivia y Ecuador enfrentan una de las crisis democráticas más profundas de su historia contemporánea. Amparados bajo la figura legal del estado de excepción, ambos regímenes han consolidado un aparato de control social que analistas y defensores de los derechos humanos califican como una deriva fascista moderna. El uso sistemático de decretos de emergencia ha dejado de ser una medida temporal para convertirse en la norma de gobierno, sirviendo como blindaje legal para subordinar las agendas nacionales a los dictados de los Estados Unidos y anular la autodeterminación popular.
1. El despertar de la furia andina
En el territorio boliviano, el panorama se define por la resistencia activa y el choque frontal. Tras más de 50 días de intensas movilizaciones y bloqueos que paralizaron las principales arterias viales del país, el presidente Rodrigo Pazdecretó el estado de excepción nacional por conmoción interna a través del Decreto Supremo 5636.
A diferencia de épocas anteriores, el pueblo boliviano se ha volcado masivamente a las calles:
- Sindicatos campesinos e indígenas mantienen una resistencia férrea en puntos neurálgicos, rechazando los acuerdos parciales de las cúpulas.
- Las bases leales al expresidente Evo Morales y sectores de la Federación de Campesinos de La Paz exigen la renuncia inmediata del mandatario.
- Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba han desafiado abiertamente el despliegue de las Fuerzas Armadas, declarando que no se dejarán intimidar por la persecución judicial y policial.
El gobierno justifica la medida argumentando que los bloqueos constituyen un “intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”. Sin embargo, la movilización popular responde al descontento por la asfixia económica y la percepción de que la actual administración ha entregado las políticas soberanas a intereses extranjeros.
2. El silencio sepulcral de la mitad del mundo
A kilómetros de distancia, el escenario en Ecuador es diametralmente opuesto en su manifestación, aunque idéntico en su raíz represiva. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 423, imponiendo su tercer estado de excepción consecutivo en 10 provincias y tres municipios clave del país.
Bajo el pretexto de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, el ejecutivo ecuatoriano ha desmantelado las libertades civiles básicas mediante mecanismos drásticos:
- Suspensión de la inviolabilidad del domicilio: Las fuerzas del orden pueden irrumpir en viviendas particulares sin necesidad de una orden judicial previa.
- Intervención de la correspondencia: Se eliminan las garantías de privacidad en las comunicaciones físicas y digitales.
- Despliegue militar indefinido: Las patrullas de las Fuerzas Armadas controlan los cascos urbanos, desincentivando cualquier intento de protesta.
Esta militarización perpetua ha sembrado el miedo en el tejido social. La ciudadanía se encuentra silenciada; las organizaciones sociales que antes lideraban levantamientos históricos hoy son perseguidas bajo figuras de “asociación terrorista”, impidiendo que el descontento popular se traduzca en una movilización masiva en las calles.
3. Radiografía comparativa del control social
| Dimensión de Análisis | Estado Plurinacional de Bolivia | República del Ecuador |
| Gobernante actual | Rodrigo Paz (Centroderecha) | Daniel Noboa (Empresarial/Derecha) |
| Instrumento Legal | Decreto Supremo 5636 (Hasta 90 días) | Decreto Ejecutivo 423 (60 días prorrogables) |
| Respuesta Popular | Insurgencia y bloqueos: Resistencia activa en carreteras. | Silencio forzado: Desarticulación por miedo a allanamientos. |
| Rol Militar | Apoyo temporal a la policía para liberar vías estratégicas. | Patrullaje urbano permanente y requisición de bienes. |
| Efecto Inmediato | Polarización extrema y desabastecimiento en centros urbanos. | Récord histórico de violencia a pesar de la restricción de derechos. |
4. El sometimiento geopolítico a Washington
El verdadero hilo conductor de este fenómeno “excepcional” no radica en la delincuencia interna ni en la protesta social, sino en el alineamiento geopolítico. Tanto la administración de Paz como la de Noboa han tomado decisiones que los analistas interpretan como una capitulación de la soberanía nacional ante Estados Unidos.
El caso ecuatoriano y el Pentágono
Pocos días antes de emitir el último decreto de emergencia, Daniel Noboa realizó una visita estratégica al Pentágono. Este acercamiento coincide con la implementación de acuerdos que permiten el libre movimiento de tropas e instructores estadounidenses en suelo ecuatoriano, otorgándoles incluso inmunidad judicial y diplomática bajo ciertos marcos operativos. La lucha contra el narcotráfico se convierte así en la fachada perfecta para establecer una base de operaciones geopolíticas norteamericanas en el Pacífico Sur.
El viraje estratégico boliviano
En Bolivia, la llegada de la centroderecha al poder rompió con dos décadas de políticas de nacionalización y soberanía energética del Movimiento al Socialismo (MAS). El actual gobierno busca congraciarse con los organismos financieros multilaterales basados en Washington y abrir los vastos recursos estratégicos del país (como el litio y los hidrocarburos) al capital privado norteamericano. La represión contra los sectores campesinos e indígenas busca extirpar la resistencia histórica que impide la privatización de los recursos naturales.
5. El “Fascismo Excepcional” como nuevo modelo regional
La politología clásica definía al fascismo por el partido único y el culto al líder. En el siglo XXI, el neofascismo opera a través de las instituciones democráticas, vaciándolas de contenido por medio del estado de excepción permanente.
Cuando los derechos constitucionales se suspenden de forma reiterada, la legalidad se transforma en un arma del Estado contra sus propios ciudadanos. Bolivia y Ecuador se han convertido en los laboratorios de este modelo en América Latina. Al arrodillar sus economías y su seguridad ante los intereses corporativos y militares de Washington, han sacrificado su condición de repúblicas soberanas, transformándose en protectorados de facto donde la única ley vigente es la impuesta por las bayonetas y los decretos presidenciales.
