Balearon camión con ayudas humanitarias en Antioquia
La seguridad en la vía al Chocó sigue siendo un problema del departamento

Un camión que transportaba ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en el Chocó fue atacado a tiros la noche del sábado 15 de agosto en zona rural de Ciudad Bolívar, Antioquia. El vehículo, que formaba parte de una comisión salida desde Itagüí (Valle de Aburrá), recibió cuatro impactos de arma de fuego en el sector La Herradura, sobre la vía que conduce hacia el Chocó, a apenas unos diez minutos del casco urbano del municipio. No hubo heridos ni daños en la mercancía. Los ocupantes lograron llegar a una estación de servicio Terpel, donde la Policía confirmó los impactos.
Según el reporte de la Policía de Antioquia, el hecho ocurrió alrededor de las 9:50 p.m. Cuatro hombres en dos motocicletas interceptaron uno de los camiones y abrieron fuego. Otro vehículo de la caravana arrolló una de las motos, lo que aparentemente impidió que el ataque continuara. Las autoridades recorrieron la zona en busca de los responsables, pero hasta ahora no hay capturas ni atribución oficial. La Policía menciona presencia del Clan del Golfo (subestructura Edwin Román Velásquez Valle) y del grupo delincuencial Carne Rancia en la jurisdicción, aunque no ha señalado a ninguna de estas estructuras como autoría confirmada del ataque. Pese a lo ocurrido, la comisión humanitaria prosiguió su camino hacia el Chocó.
El episodio es un recordatorio crudo de que las vías estratégicas del departamento siguen siendo escenarios de violencia armada, incluso cuando se trata de un convoy con ayuda para damnificados de un desastre natural. La ruta entre Antioquia y el Chocó ha concentrado durante años alertas por presencia de grupos ilegales, control territorial y riesgos para el transporte. Que un cargamento solidario resulte blanco de disparos a menos de diez minutos de un casco urbano pone de relieve las fallas en el control efectivo del territorio, más allá de los comunicados posteriores y los operativos de búsqueda.
En este contexto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enfrenta un escenario distinto al de los últimos años. Durante el gobierno de Gustavo Petro, las críticas a la política de seguridad nacional y a la “Paz Total” fueron un lugar común en su discurso y en el de sectores afines. Ahora ya hay un nuevo gobierno nacional, el de Abelardo de la Espriella —quien asumió el 7 de agosto—, que ha anunciado y está desplegando una ofensiva militar de “sin tregua y con contundencia” contra los grupos armados. En apenas una semana se han reportado neutralizaciones de miembros del Clan del Golfo y de disidencias de las FARC en varios departamentos, incluidas operaciones en Antioquia (Anorí, El Bagre, Ituango y otras zonas). Sin embargo, esa misma ofensiva ha tenido un costo humano inmediato: al menos tres militares han muerto en diferentes puntos del país en los primeros días del nuevo mandato (entre ellos un sargento segundo en combates en el Bajo Cauca antioqueño, dos soldados en una emboscada con explosivos en el Huila y otro uniformado en un ataque con drones del ELN en Norte de Santander). En Antioquia, además de las acciones de la Fuerza Pública, se han registrado tiroteos y combates entre el Ejército y estructuras del Clan del Golfo, así como enfrentamientos entre grupos ilegales en medio de esas operaciones.
Los problemas de orden público en las carreteras antioqueñas —incluida esta vía crítica hacia el Chocó— ya no pueden atribuirse con la misma facilidad a decisiones de Bogotá. La responsabilidad de garantizar la movilidad segura, el acompañamiento a convoyes humanitarios y el control de grupos armados en su jurisdicción recae, en buena medida, en las autoridades departamentales y en la coordinación con la fuerza pública local, ahora alineada con un gobierno nacional que comparte el discurso de mano dura.
El ataque no generó víctimas ni interrumpió definitivamente la entrega de ayudas, lo cual es un alivio. Pero la normalización de este tipo de hechos —disparos contra un camión solidario en una vía interdepartamental— revela que la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente en sectores del departamento. Mientras las investigaciones avanzan y las autoridades buscan a los responsables, el mensaje que deja el incidente es claro: la solidaridad ciudadana y la respuesta humanitaria no deberían tener que sortear emboscadas en territorio antioqueño. Y la explicación de por qué eso sigue ocurriendo ya no puede limitarse a señalar hacia afuera.
