Sólo los dictadores entran a las universidades, para imponer sus ideas

Foto:  “Voy a ir por ustedes”, dijo Abelardo de la Espriella, en un mes ha amenazado de medio país sin tener mayoría absoluta en las cámaras, TeleSur

En el lugar donde deben convivir todas las ideas y la crítica libre, la fuerza pública no tiene por qué convertirse en árbitro ideológico. El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de que la Policía podrá ingresar a los campus universitarios cuando se presenten “hechos de violencia, vandalismo o terrorismo” reabre una herida histórica que Colombia conoce demasiado bien. Y no es un detalle menor.

Las universidades no son territorios extraterritoriales. Nadie serio defiende que se conviertan en santuarios para fabricar explosivos, atacar a la ciudadanía o sembrar el caos. Pero cuando un gobernante declara que “voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, el lenguaje deja de ser de orden público y empieza a oler a doctrina de seguridad. Esa misma doctrina que, en décadas pasadas, convirtió al “enemigo interno” en una categoría tan flexible que terminó incluyendo a estudiantes, sindicalistas e intelectuales.

La historia de América Latina está llena de ejemplos. Las dictaduras militares no entraron a las universidades solo para perseguir guerrilleros. Entraron para silenciar la crítica, cerrar facultades, quemar libros, desaparecer líderes estudiantiles y transformar los campus en espacios de miedo. Pinochet en Chile, la dictadura argentina, los regímenes del Cono Sur y varios gobiernos autoritarios de la región entendieron algo fundamental: controlar la universidad es controlar el futuro de las ideas. Porque allí, en las aulas y los pasillos, se discuten, se cuestionan y se reinventan los relatos oficiales.

Colombia no es ajena a esa memoria. El 16 de mayo de 1984, la fuerza pública ingresó a la Universidad Nacional de Bogotá en medio de protestas estudiantiles. El saldo, según testimonios, reportes de la época y trabajos de memoria posteriores, incluyó heridos de gravedad, detenciones masivas, denuncias de tortura y un número de muertos que algunas versiones sitúan en torno a 17 estudiantes. La universidad cerró durante meses. El bienestar estudiantil —comedores, residencias— nunca volvió a ser el mismo. Aquel día no se resolvió un problema de orden público: se profundizó la desconfianza entre el Estado y una generación de jóvenes.

Hoy, el presidente De la Espriella insiste en que respetará la protesta pacífica y que la autonomía universitaria no está en discusión… excepto cuando se trata de orden público. El matiz es peligroso. Porque la línea entre “protesta pacífica” y “vandalismo” o “terrorismo urbano” la dibuja quien detenta el poder. Y cuando ese poder habla de “enemigo interno”, la historia recomienda precaución.

Una universidad que necesita la fuerza pública para funcionar ha fallado como institución. Pero un Estado que considera natural enviar policías y militares a los campus para “poner orden” también ha fallado como democracia. La autonomía universitaria no es un capricho de izquierdas ni un privilegio de élites: es una garantía de que el conocimiento y la crítica no queden subordinados a la coyuntura política del gobierno de turno.

Imponer ideas a través de la fuerza es el método de los dictadores. Defender que las universidades sean espacios de disputa, de error, de radicalidad e incluso de incomodidad es el método de las democracias que confían en sí mismas. Colombia ya sabe lo que ocurre cuando se confunde la autoridad legítima con la represión del pensamiento. No hace falta volver a aprenderlo.

Y, como si no bastara con el anuncio de intervención policial, ya se perciben señales de una menor inversión real en las universidades públicas: el proyecto de presupuesto para 2027 muestra un aumento nominal en la bolsa del Ministerio de Educación, pero una caída en los recursos de inversión, precisamente aquellos que permiten mejorar infraestructura, investigación y bienestar estudiantil. En un contexto de austeridad y ajuste fiscal, esa combinación —más control policial y menos recursos— es un cóctel que seguramente caldeará aún más el ambiente en los campus.

Publicaciones Similares

Deja un comentario