Suspender Colombia Solar es castigar a los más pobres en nombre de una “revisión” sin empatía

Foto: Colombia Solar

La decisión del nuevo gobierno de poner bajo revisión —y de facto congelar— el programa Colombia Solar no es un simple ajuste técnico. Es una señal política clara: se está priorizando el cuestionamiento ideológico sobre un programa del gobierno anterior por encima del alivio concreto que miles de familias vulnerables ya estaban empezando a sentir en sus bolsillos.

Colombia Solar no era un capricho. Era una apuesta seria por convertir los eternos subsidios que se evaporan mes a mes en activos reales: paneles solares que permiten a hogares de estratos 1, 2 y 3 generar su propia energía y, en muchos casos, ver facturas cercanas a cero. El video que circuló este martes, compartido por el exministro Edwin Palma, muestra exactamente eso: recibos con montos ridículamente bajos, familias que ahorran casi 70 mil pesos, instalaciones en techos de casas populares y parques solares que empiezan a democratizar la generación.

¿La justificación oficial? Que un convenio de 4,2 billones de pesos con Gecelca tiene “cero usuarios conectados”. Esa cifra se usa como arma para paralizar todo el programa, ignorando que la reglamentación apenas se consolidó en 2026, que los procesos de instalación y conexión no son instantáneos, y que el CONPES 4158 contemplaba una ejecución escalonada hasta 2030 con una meta de más de un millón de hogares. Exigir resultados masivos en pocos meses y luego usar la falta de ellos para suspender la política es, como mínimo, de mala fe.

Lo más grave es el contexto. Colombia enfrenta las consecuencias del Fenómeno del Niño, con altas temperaturas y presión sobre el sistema eléctrico. En ese escenario, quitarle a las familias más pobres la posibilidad de reducir su factura —o incluso llevarla a cero— y devolverlas a la dependencia de subsidios tradicionales o de tarifas más altas es una decisión que carece de sensibilidad social. Mientras se habla de “confiabilidad” y de reactivar exploración de hidrocarburos, se deja en el aire una herramienta que precisamente alivia la presión sobre el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y reduce la pobreza energética de forma estructural.

El argumento de que “hay que revisar contratos y trazabilidad” puede ser legítimo en abstracto. Pero convertirlo en pretexto para detener un programa que ya tenía marco normativo, recursos asignados y beneficiarios reales en proceso es otra cosa. Es usar la bandera de la austeridad y la transparencia para desmantelar una política redistributiva que el anterior gobierno impulsó con fuerza. Y lo hacen sabiendo que quienes más sufren el costo de la energía son precisamente los estratos bajos, los mismos que el nuevo gobierno dice querer proteger.

Si el problema era la ejecución lenta o la falta de avance, la respuesta responsable hubiera sido acelerar, corregir y transparentar, no congelar. Suspender Colombia Solar en este momento no solo frena la transición energética justa; envía un mensaje demoledor: los ahorros de las familias más vulnerables pueden sacrificarse en nombre de un ajuste político.

La energía limpia y barata no debería ser rehén de los cambios de gobierno. Cuando se elimina o se paraliza un programa que ya demostraba, en facturas reales, que era posible pagar menos —o nada— por la luz, lo que se está omitiendo no es solo un proyecto. Se está omitiendo a la gente.

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