Salirse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el gesto más autoritario de EE.UU. desde antes de la Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos formalizó este jueves su retirada definitiva del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión, anunciada por el Departamento de Estado apenas un día después de que una misión independiente de la ONU encontrara “motivos razonables” para considerar que ataques estadounidenses en Irán —incluido el bombardeo de una escuela en Minab— podrían constituir crímenes de guerra, no es un simple desacuerdo diplomático. Es un acto de arrogancia soberana, un rechazo deliberado a cualquier escrutinio externo y, en términos históricos, el movimiento más autoritario que Washington ha ejecutado en el ámbito multilateral desde los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Las razones oficiales esgrimidas —el “presunto sesgo contra Israel”, la “hipocresía” del Consejo y su supuesto “apoyo a regímenes terroristas” como Irán— no resisten un análisis minimamente serio. Son la justificación retórica de un país que, cuando se siente cuestionado, prefiere romper el tablero antes que aceptar que también puede ser juzgado. La coincidencia temporal con el informe sobre los ataques en Irán no es casualidad: es la confirmación de que Estados Unidos solo tolera los mecanismos de derechos humanos mientras estos señalen a sus adversarios.

Un patrón de impunidad disfrazado de principismo

Desde su creación en 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha sido imperfecto, politizado y, en ocasiones, selectivo. Nadie serio lo niega. Ha dedicado un número desproporcionado de resoluciones a Israel, mientras países como China, Rusia, Arabia Saudí o el propio Irán han escapado con relativa facilidad de una condena equivalente. Esa crítica es legítima. Convertirla, sin embargo, en pretexto para abandonar por completo el único foro permanente de la ONU dedicado a los derechos humanos es otra cosa: es declarar que las reglas solo aplican a los demás.

La administración Trump —en su segundo mandato— no innova. Ya se retiró en 2018. Biden reingresó. Trump vuelve a salir. El mensaje es claro: cuando el Consejo investiga a Israel o, peor aún, cuando se atreve a mirar hacia las acciones estadounidenses, Washington se levanta de la mesa. El argumento de que el organismo “protege a regímenes terroristas” resulta especialmente cínico. Irán, sí, es un régimen represivo. Pero Estados Unidos ha mantenido durante décadas alianzas estrechas con monarquías del Golfo que ejecutan disidentes, con dictaduras latinoamericanas y con gobiernos que practican la tortura sistemática. La selectividad moral no es un defecto exclusivo del Consejo; es la política exterior estadounidense en estado puro.

Salirse no reforma nada. Vacía de legitimidad al propio sistema que Estados Unidos ayudó a construir sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Aquel orden liberal internacional —con todas sus hipocresías— se fundó precisamente para impedir que las grandes potencias actuaran con total impunidad. Abandonar el Consejo es regresar, en la práctica, a la lógica de que el poder militar y económico exime de rendición de cuentas. Es autoritarismo de alta escala.

El contexto inmediato: Irán y el rechazo al escrutinio

La formalización de la retirada llega en un momento especialmente revelador. La misión de investigación de la ONU sobre Irán señaló dos ataques estadounidenses —uno contra una escuela claramente identificable como edificio civil y otro contra un complejo deportivo— como posibles crímenes de guerra. No se trata de una condena definitiva ni de un juicio, sino de un hallazgo preliminar basado en indicios. La respuesta de Washington no fue contestar con pruebas, desmentir o cooperar. Fue cerrar la puerta.

Este es el verdadero núcleo del asunto. Un Estado que se autoproclama defensor global de los derechos humanos no puede, al mismo tiempo, negarse a ser examinado. Esa doble moral es el sello distintivo del autoritarismo contemporáneo: exigir transparencia a todos los demás mientras se reclama inmunidad propia. Es el mismo patrón que se observa cuando se atacan a las cortes internacionales, se amenazan con sanciones a jueces de la Corte Penal Internacional o se retiran fondos a organismos que investigan excesos propios.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias también despreciaban los mecanismos colectivos cuando estos incomodaban. El fracaso de la Sociedad de Naciones no se debió solo a su debilidad institucional, sino a la negativa de las grandes potencias a someterse a reglas comunes. El paralelo no es exagerado. Hoy, Estados Unidos no solo se retira del Consejo: ha recortado financiación a múltiples agencias de la ONU, ha abandonado otros foros y ha convertido el multilateralismo en un menú a la carta. Solo participa cuando le conviene.

Las consecuencias reales

La ausencia estadounidense no fortalecerá al Consejo. Lo debilitará. Países con peores historiales de derechos humanos ganarán mayor peso relativo. Las investigaciones sobre abusos en zonas de conflicto se volverán más frágiles. Las víctimas de violaciones graves —ya sea en Gaza, en Xinjiang, en Ucrania o en las cárceles iraníes— perderán una voz poderosa que, con todos sus defectos, al menos ejercía presión diplomática.

Pero el daño más profundo es simbólico. Al abandonar el organismo, Estados Unidos transmite un mensaje inequívoco: los derechos humanos son un instrumento de política exterior, no un principio universal. Cuando se usan contra adversarios, son sagrados. Cuando se aplican a aliados o a sí mismo, son “sesgo”, “hipocresía” o “apoyo al terrorismo”.

Esta lógica es profundamente autoritaria. No porque prohíba manifestaciones en las calles de Washington, sino porque niega la existencia de un espacio común donde el poder pueda ser cuestionado. Es el autoritarismo de quien se coloca por encima de las normas que exige a los demás. Es el mismo impulso que llevó a potencias del pasado a considerar que su “destino manifiesto” o su “espacio vital” las eximía de las reglas de la civilización.

Un legado peligroso

La retirada formal de 2026 no es un episodio aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de erosión del sistema internacional de derechos humanos. Cada vez que una potencia se marcha, el espacio se llena de quienes no tienen ningún interés en la rendición de cuentas. Cada vez que se invoca el “sesgo” como excusa para no participar, se legitima que otros hagan lo mismo.

Estados Unidos no está obligado a permanecer en un organismo que considera defectuoso. Tiene todo el derecho a criticar, a presionar por reformas y a denunciar dobles raseros. Lo que no tiene es el derecho moral a abandonarlo precisamente cuando ese organismo se atreve a mirarlo a la cara. Esa es la diferencia entre la crítica legítima y el autoritarismo disfrazado de principismo.

Salirse del Consejo de Derechos Humanos no es un acto de coherencia. Es un acto de poder bruto. Y, en la historia reciente, pocos gestos de una democracia liberal han resultado tan abiertamente autoritarios como este. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial no se había visto con tanta claridad a una gran potencia declarar, en la práctica, que las reglas de la humanidad solo valen para los demás.

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