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Fuerzas de seguridad de Colombia se estarían comportando como fascistas

Vídeos de procedimientos desproporcionados y la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial han expuesto un patrón de abuso

Foto: RR.SS.

En las últimas seis semanas, las fuerzas de seguridad en Colombia han vuelto a ocupar el centro de la polémica por el uso excesivo de la fuerza. El caso más grave y documentado es el de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años, padre de dos hijos, trabajador de una farmacéutica y estudiante de criminalística, quien murió el 20 de septiembre de 2026 tras un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha.

Según la familia y videos difundidos por vecinos, Balanta regresaba a su casa cuando se topó con un operativo por una riña. Tras lanzar o romper una botella, corrió. Alrededor de 15 a 20 uniformados lo persiguieron, lo redujeron al suelo, lo esposaron y, mientras ya estaba inmovilizado, le propinaron golpes y le aplicaron reiteradas descargas con taser en el pecho y la espalda. Familiares aseguran que se quejó de dolor y dificultad para respirar, que fue ignorado y que llegó sin signos vitales al hospital. Denuncian además insultos racistas. La Policía reconoció el uso del taser, afirmó que presentó una “afectación repentina” dentro de la estación de Cazucá y que la causa de muerte la determinará Medicina Legal. Siete agentes fueron separados temporalmente del cargo mientras avanza la investigación disciplinaria.

Nuevos videos publicados días después muestran con claridad los golpes, patadas y el uso del taser cuando Balanta ya estaba sometido, intensificando el rechazo ciudadano.

El expresidente Gustavo Petro visitó el lugar de los hechos en Caracolí y denunció en X lo ocurrido de manera contundente. Calificó el hecho como “un asesinato de la Fuerza Pública” y un “crimen racial”. Señaló que cerca de 20 policías de Soacha se aglutinaron, expresaron palabras soeces y racistas, y que durante el traslado le aplicaron taser hasta que murió. En mensajes posteriores afirmó que participaron aproximadamente 50 efectivos de Soacha y Bogotá —“demasiados para un conflicto entre vecinas”— mientras la tasa de homicidios por bandas crece en la capital. Criticó que los patrulleros, sargentos y tenientes apunten “a los jóvenes del barrio, a los diferentes de piel, de música o de pensar”, en lugar de capturar a “los capos, los extorsionistas”. Exigió a la Fiscalía una investigación inmediata y profunda, y llamó a organizar una marcha de negritudes por el respeto a las minorías étnicas y a la juventud.

En el mismo periodo, ciudadanos y motociclistas han reportado en redes y denuncias un aumento de retenes y paradas por parte de policías y, en algunos casos, militares, que perciben como arbitrarias y sin una lógica clara de prevención del delito grave. Estas intervenciones, a menudo centradas en documentación o modificaciones menores de vehículos, generan la sensación de “cacería” cotidiana, especialmente en sectores populares, mientras los problemas estructurales de seguridad —extorsión, bandas y homicidios— continúan sin resolverse con la misma contundencia. Petro ha insistido en que la fuerza pública debe dejar de ejercer violencia racista y pública contra la población y enfocarse en los verdaderos responsables de la criminalidad.

La Policía mantiene que actúa conforme a protocolos ante riñas o alteraciones del orden, que las investigaciones disciplinarias avanzan y que el uso de la fuerza se rige por principios de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, cuando los videos muestran descargas eléctricas y golpes a personas ya esposadas, y cuando una muerte ocurre bajo custodia sin explicación inmediata y transparente, la justificación institucional pierde credibilidad.

En apenas mes y medio, el caso Balanta y las denuncias de controles arbitrarios han reavivado la percepción de que sectores de las fuerzas de seguridad actúan con desproporción, selectividad y, en algunos casos, con sesgos raciales o de clase. Mientras Medicina Legal entrega su dictamen y la Fiscalía investiga, la exigencia ciudadana y de figuras como Petro es clara: que la autoridad deje de parecer una fuerza de caza contra los más vulnerables y se convierta en una institución que proteja derechos y enfrente a quienes realmente amenazan la seguridad de todos.

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