La nación arde: incendios sin tregua, acusaciones de mano criminal y debate sobre posibles intereses en las tierras

Mientras el país enfrenta una de las temporadas de incendios forestales más intensas de los últimos años, impulsada por el fenómeno de El Niño y condiciones de sequía extrema, las llamas continúan afectando especialmente al departamento del Tolima y se extienden a otras regiones. Las cifras acumuladas son contundentes: solo en Tolima se han registrado alrededor de 270 incendios forestales en 44 de sus 47 municipios, con reportes preliminares de cerca de 50.000 hectáreas afectadas según la Gobernación, aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) consolida cifras cercanas a las 20.000 en algunos balances. A nivel nacional, reportes llegan a mencionar más de 1.700 eventos y decenas de miles de hectáreas consumidas en 2026, equivalentes en extensión a áreas urbanas enteras.
La situación es inaudita. Desde algunos sectores se sostiene que estos incendios no son solo producto de la sequía o accidentes, sino que podrían estar vinculados a estrategias de invasión y posterior comercialización o cambio de uso del suelo. Voces de oposición y antiguos funcionarios, entre ellas el expresidente Gustavo Petro, han apuntado a intereses en la “búsqueda de tierras” y posibles cambios de uso hacia formas más concentradas, incluso mencionando hipótesis sobre actores externos o solicitudes de títulos mineros y actividades extractivas en zonas afectadas. Un senador del Pacto Histórico ha hablado de un “patrón” documentado en Tolima y otras regiones relacionado con títulos mineros, incluyendo solicitudes para fracking. Históricamente, en la Amazonía y Orinoquía, el fuego ha sido herramienta documentada de praderización y acaparamiento de tierras para ganadería o cultivos ilícitos, aunque las autoridades diferencian esos patrones de los focos actuales concentrados en el centro del país.
Paralelamente, han surgido quejas por la lentitud de la respuesta estatal. La Procuraduría General de la Nación ha exigido a la UNGRD medidas más contundentes, advirtiendo que bomberos y municipios enfrentan saturación de personal y recursos, con avances insuficientes en algunos frentes y municipios sin cuerpos de bomberos o convenios adecuados. Editoriales y reportes locales describen una lógica predominantemente reactiva: comunidades y guardaparques como primera línea de defensa, mientras la capacidad nacional llega cuando el fuego ya se ha extendido. En Tolima, tras más de 50 días de operación continua, la UNGRD destinó cerca de 4.000 millones de pesos adicionales y reportó que la mayoría de los eventos han sido liquidados, aunque varios focos permanecen activos o en control.
El panorama combina factores climáticos —temperaturas por encima del promedio y lluvias deficitarias— con indicios técnicos de uso de acelerantes y denuncias de personas en motocicleta prendiendo fuego de manera deliberada en municipios como San Luis, Coello y Suárez. Se han capturado algunas personas por presunta provocación intencional. Las pérdidas económicas en Tolima se estiman en cientos de miles de millones de pesos, con miles de productores afectados, animales en riesgo por falta de pasturas y daños a cultivos de plátano, café y cacao.
Mientras las investigaciones avanzan y las autoridades mantienen el monitoreo, el debate público enfrenta dos lecturas: la del Gobierno, centrada en el sabotaje criminal y la necesidad de respuesta contundente, y la de sectores que ven en el fuego un mecanismo para alterar el control o el valor de la tierra. En ambos casos, el costo lo pagan las comunidades rurales, los ecosistemas y la economía local, en una temporada que aún no da tregua.
