Inocentes en bolsas y militares en ataúdes

Santa Marta, que está dejando de ser la joya turística del Caribe colombiano, despertó el martes 22 de septiembre de 2026 convertida en un escenario de terror. Comercios cerrados a cal y canto, vehículos carbonizados en las avenidas, disparos contra negocios y calles desiertas bajo el peso de un paro armado de 48 horas impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como “Los Pachenca”. La retaliación no se hizo esperar tras el operativo de la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, que el día anterior había neutralizado a siete presuntos integrantes del grupo, entre ellos a José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, segundo cabecilla y financiero de la estructura.
El presidente Abelardo de la Espriella, que había celebrado el golpe caminando entre cuerpos envueltos en bolsas blancas y anunciando que el siguiente objetivo era alias “Pinocho”, máximo jefe de las ACSN, respondió con la militarización inmediata de la ciudad. Más de 500 soldados y 600 policías —cifras que en los días siguientes superaron los 1.100 uniformados— tomaron las calles, las playas y la troncal del Caribe. El propio mandatario, vestido de verde oliva, con chaleco antibalas y pistola al cinto, patrulló barrios como Cristo Rey y Gaira en la madrugada, rodeado de escoltas, y envió un mensaje contundente: “El que no se someta será dado de baja”. “Los vamos a cazar como ratas miserables”, agregó en otro momento.

Pero el operativo, presentado como el primer gran golpe del gobierno de De la Espriella contra el narcotráfico y las estructuras armadas que crecieron durante el periodo anterior, quedó opacado por una denuncia que reabrió las heridas más profundas del conflicto colombiano: la de un supuesto falso positivo.
“Era un campesino pobre, no un criminal”
Ricardo Andrés Martínez Rodríguez (o Rodríguez Martínez, según las variantes de los reportes oficiales), un joven de 18 años, figuró entre los siete abatidos en la vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural montañosa de Santa Marta. La Dirección Antinarcóticos de la Policía lo presentó inicialmente como integrante de las ACSN. Circuló incluso la versión, luego corregida por el Ministerio de Defensa, de que se trataba del hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”.
La familia lo niega de plano. Marelvis Rodríguez, la madre, y sus hermanas se plantaron frente a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla y grabaron videos que se volvieron virales. “Abelardo, te voy a denunciar, me mataste a mi hijo injustamente, un niño de tan solo 18 años”, gritaba la madre entre lágrimas. “Él no estaba armado, estaba de civil. Era un pelaito. Se dedicaba a las labores del campo… tiraba machete y cuidaba ganado”. El padre, Carlos Alfredo Martínez, fue más lejos: afirmó que al joven “lo cogieron vivo” y le dieron “un tiro de gracia”.
Según el relato familiar reconstruido por medios como Revista RAYA, Ricardo había llegado a la zona como desplazado desde Valledupar. Trabajaba como albañil y peón de finca: cobraba jornales de unos 600.000 pesos por varios días de trabajo, construía anillos para puentes y cuidaba vacas. Había intentado ingresar al Ejército, pero fue rechazado por antecedentes de salud mental. El 21 de septiembre estaba en una finca de Quebrada del Sol cuando llegaron los helicópteros UH-60 y las aeronaves Súper Tucano. Testigos cercanos a la familia afirman que el joven se aferró a una mujer del lugar, gritó que no tenía nada que ver y que intentó entregarse. Murió de un disparo en el pecho, según Medicina Legal.
Un comunicado atribuido a las propias ACSN negó que el muchacho portara armas y lo describió como un civil asesinado por error al confundirlo con el hijo de “Pinocho”. La Defensoría del Pueblo pidió una investigación rigurosa y ofreció acompañamiento a la familia. El Ministerio de Defensa aclaró que ninguna fuente oficial afirmó que fuera hijo del cabecilla y remitó el caso a la Fiscalía y a Medicina Legal para esclarecer las circunstancias. Algunos reportes periodísticos, sin embargo, mencionaron registros fotográficos (no publicados por respeto a la familia) en los que el joven aparecería con prendas alusivas al grupo y armamento. La investigación judicial determinará cuál versión prevalece.
Mientras tanto, el cuerpo del joven, como los de los otros abatidos, fue manejado en bolsas. La imagen de “inocentes en bolsas” se instaló en el imaginario colectivo, contrastando con los ataúdes que, en otras regiones del país, reciben a soldados y policías caídos en combates cada vez más frecuentes.
El ciclo que regresa
Lo ocurrido en Santa Marta no es un hecho aislado. Es el síntoma más visible de una violencia que, según múltiples análisis de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, Indepaz y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, ya evoca los peores años de los 80 y 90, y en algunos indicadores amenaza con superarlos.
Entre 2022 y 2025 el número estimado de integrantes de grupos armados ilegales casi se duplicó, pasando de unos 15.000 a cerca de 27.000. En 2026 la presencia de al menos un actor armado se registra en 527 municipios. El Clan del Golfo (EGC o Autodefensas Gaitanistas) domina en más de 300, seguido del ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y otras estructuras. Las ACSN controlan corredores desde la Sierra Nevada hasta La Guajira, financiadas con narcotráfico, extorsión y control territorial.
El 2025 dejó cifras humanitarias alarmantes: más de 311.000 eventos de desplazamiento forzado, confinamientos que afectaron a decenas de miles y un récord de atentados terroristas (1.398). En 2026 la tendencia continúa al alza. Los combates entre grupos y contra la fuerza pública se multiplicaron, especialmente en el Catatumbo, Cauca, Arauca y el Caribe. El uso de drones con explosivos, amboscadas y paros armados se ha normalizado. Los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública siguen elevándose.
Los “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate— fueron uno de los legados más oscuros de la seguridad democrática de los años 2000. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado cientos de casos. Que una denuncia de este tipo aparezca en los primeros meses del gobierno de De la Espriella, que llegó con un discurso de “mano dura” tras el fracaso relativo de la “Paz Total”, genera inquietud entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la opinión pública. “Reabre las heridas”, titulan ya varios análisis.
Una estrategia de alto riesgo
El gobierno de De la Espriella ha apostado por la ofensiva militar. El operativo de Santa Marta fue descrito por fuentes policiales como una “maniobra suicida” de alto riesgo: 32 comandos jungla insertados por aire contra un grupo mucho más numeroso, en terreno hostil y con civiles y menores en las cercanías. Según las autoridades, se logró dar de baja a “Cholo” sin daños colaterales graves… salvo la polémica muerte de Ricardo. Se incautaron fusiles, incluyendo un Barrett calibre .50, lanzagranadas y granadas. Días después se anunciaron capturas adicionales y la detención de personas con pedidos de extradición.
El presidente ha prometido “acabar” con la estructura de las ACSN y ha nombrado a los siguientes objetivos: “Pinocho”, “Patiliso”, “Flash” y “Jacob”. La militarización de Santa Marta restauró un relativo orden en las calles, pero el miedo persiste. Comerciantes y transportadores siguen temerosos de nuevas retaliaciones. En otras regiones del país, la lógica de la escalada se repite: más operaciones, más respuestas armadas de los grupos, más civiles atrapados en el medio.
Analistas advierten que la “mano dura” sin una estrategia integral de control territorial, judicialización efectiva, reducción de economías ilegales y protección a la población civil puede reproducir los errores del pasado. En los años 80 y 90 la combinatoria de carteles, paramilitares, guerrillas y respuesta estatal generó masacres, desplazamientos masivos y una espiral de venganza que costó decenas de miles de vidas. Hoy los grupos son más fragmentados, más criminalizados y más insertos en economías globales del narcotráfico y la minería ilegal, pero la capacidad de sembrar terror en ciudades turísticas y corredores estratégicos sigue intacta.
El precio humano
Mientras los uniformados patrullan las playas de Santa Marta y el presidente exhibe su determinación con pistola al cinto, en una vereda de la Sierra Nevada una familia llora a un joven de 18 años que, según ellos, solo quería trabajar. En otros puntos del país, madres reciben ataúdes de soldados o policías caídos en emboscadas. Los cuerpos de los abatidos en el operativo viajaron en bolsas. Los de los uniformados, en féretros con honores.
La violencia colombiana no se ha ido. Solo cambió de forma y de actores. Y, como en los peores años del siglo pasado, los inocentes y los uniformados siguen pagando el precio más alto. La pregunta que queda flotando en el aire húmedo del Caribe, mientras los helicópteros sobrevuelan la Sierra, es si esta nueva ofensiva romperá el ciclo o lo profundizará hasta niveles que el país creía haber superado.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de esclarecer qué ocurrió exactamente con Ricardo Andrés Martínez Rodríguez. De su investigación, y de la capacidad del Estado para combinar contundencia con respeto a los derechos humanos, dependerá en buena medida si el título de este artículo se convierte en una descripción temporal o en el epitafio de una nueva década perdida.
