Diferencias en las cifras de seguridad: ¿por qué MinDefensa, Defensoría e Indepaz no coinciden en el conteo de masacres?

El gobierno de Abelardo De La Espriella presentó esta semana un balance optimista de su primer mes en el poder: según el Ministerio de Defensa, en agosto de 2026 el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las víctimas de masacres 58 % frente al mismo mes de 2025. Las cifras, difundidas por el presidente en alocución nacional y replicadas por congresistas, generaron debate inmediato. Mientras el Ejecutivo habla de “resultados sin precedentes” y pone a Barranquilla como ejemplo de reducción (64 % en homicidios según el propio mandatario), otros organismos estatales, de la sociedad civil y reportes locales muestran números más altos o tendencias opuestas, especialmente en el acumulado del año y en la capital del Atlántico.
La discrepancia más clara a nivel nacional aparece en las masacres. Según datos preliminares del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2026 se registraron 72 casos con 260 víctimas. La Defensoría del Pueblo, en un balance publicado a finales de septiembre, elevó la cifra a 86 masacres con 326 víctimas en el mismo periodo. Indepaz, cuyo observatorio de derechos humanos es una de las fuentes que alimenta los reportes de la Defensoría, reportaba cerca de 89 hechos y 336 víctimas con corte a mediados de septiembre.
El contraste de Barranquilla
El caso de Barranquilla ilustra con claridad cómo pueden coexistir lecturas opuestas de la misma realidad. El presidente afirmó que, en trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, los homicidios se redujeron 64 % durante los primeros 30 días de su administración. Sin embargo, el consolidado del mes completo cuenta otra historia: agosto de 2026 cerró con 107 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana (56 en la capital, 39 en Soledad, 9 en Malambo, 2 en Puerto Colombia y 1 en Galapa). Esa cifra representa un aumento del 42,7 % frente a los 75 casos registrados en agosto de 2025.
Además, según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), solamente en Barranquilla (sin incluir el área metropolitana) hasta la segunda semana de septiembre de 2026 se contabilizaban 450 homicidios, un 41,5 % más que en el mismo periodo de 2025. El contraste entre la reducción puntual destacada por el Gobierno y el incremento del mes completo y del acumulado local alimenta el debate sobre el periodo exacto de comparación y el alcance territorial de las cifras oficiales.
Las metodologías explican la brecha
La diferencia no es casual. Aunque ambas partes coinciden en el umbral básico —homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar—, los criterios de inclusión y las fuentes de verificación divergen.
El Ministerio de Defensa aplica una definición más restrictiva: excluye explícitamente los casos y las víctimas que resulten de enfrentamientos entre grupos criminales. Sus cifras se construyen a partir de reportes de la Fuerza Pública y se publican como preliminares, sujetas a ajustes. En cambio, Indepaz y, por extensión, la Defensoría, documentan a partir de denuncias comunitarias, medios de comunicación y verificaciones de terreno. No aplican necesariamente el mismo filtro de exclusión de combates entre grupos ilegales, lo que eleva el conteo.
Esta divergencia metodológica no es nueva. Hasta hace pocos años el MinDefensa usaba con frecuencia el umbral de cuatro víctimas, lo que reducía aún más sus cifras. El cambio a tres víctimas buscó homologar criterios, pero las exclusiones y los mecanismos de verificación mantienen la distancia.
En secuestro y extorsión la brecha es menor a nivel nacional. Las reducciones de agosto (86 víctimas de secuestro en 2025 frente a 18 en 2026; 1.299 casos de extorsión frente a 499) provienen de la misma fuente oficial: el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio. El acumulado enero-agosto muestra un panorama más mixto: el secuestro extorsivo bajó cerca del 49 %, pero la extorsión total subió levemente (3 %) y las masacres aumentaron tanto en casos como en víctimas según el propio MinDefensa.
Un debate que trasciende los números
Las cifras de agosto coinciden con el arranque de la nueva administración, que asumió el 7 de agosto. El Gobierno las presenta como evidencia de una “lucha frontal contra el crimen”. Críticos señalan que el mes incluye días previos a la posesión y que el acumulado del año —así como los datos locales de ciudades como Barranquilla— aún no refleja un cambio estructural. La Defensoría, por su parte, ha insistido en alertas por el asesinato de 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos en los primeros ocho meses de 2026, un indicador que el MinDefensa no destaca con la misma intensidad.
Expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en que las dos series de datos son complementarias más que contradictorias. La oficial del Ministerio sirve para medir resultados operacionales y tendencias de criminalidad bajo criterios estandarizados. La de Indepaz y la Defensoría funciona como sistema de alerta temprana y documentación de la violencia contra la población civil, especialmente en zonas rurales y de disputa territorial. Los reportes locales, como los de Barranquilla, añaden una capa adicional de contraste entre promedios nacionales o periodos cortos y la realidad mensual consolidada.
Mientras tanto, las cifras de agosto ya circulan como argumento político. El presidente y sus aliados las exhiben como prueba de contundencia. Opositores y organizaciones de derechos humanos piden mirar el acumulado, las metodologías y los datos territoriales antes de celebrar. En un país donde el conteo de la violencia ha sido históricamente terreno de disputa, la transparencia sobre cómo se construye cada número —y sobre qué periodo exacto se está midiendo— sigue siendo tan importante como el número mismo.
