EE.UU. prepara sanciones amplias contra la Corte Penal Internacional, que podría dejar de existir
Las medidas se producen en un momento de tensión doméstica. Las elecciones de medio término de noviembre de 2026 se acercan y las encuestas recientes muestran una aprobación baja de Trump (en torno al 30-37%)

La administración del presidente Donald Trump avanza en la preparación de sanciones económicas de amplio alcance contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Según reportes de The Wall Street Journal y Reuters de finales de septiembre de 2026, las medidas contempladas prohibirían la mayoría de las transacciones con la institución tras un período de gracia de seis a siete meses. Esto incluiría la imposibilidad de operar en dólares estadounidenses, cortando el acceso de la Corte a gran parte del sistema financiero global.
Funcionarios estadounidenses han indicado que ninguna empresa o proveedor podría hacer negocios con la CPI sin riesgo de ser sancionado. El impacto potencial es significativo: la Corte, que cuenta con alrededor de 900 empleados de unos 100 países, podría ver severamente limitada su capacidad operativa, incluyendo pagos de salarios, contratos de servicios y operaciones bancarias. Medios británicos y analistas han advertido que estas sanciones podrían dificultar gravemente el funcionamiento de la institución e incluso poner en riesgo su viabilidad a largo plazo.
Antecedentes de la confrontación
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI de 2002, y nunca ha reconocido su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Israel tampoco es miembro. La hostilidad de Washington se intensificó tras la emisión, en noviembre de 2024, de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza. La CPI también mantiene una investigación previa sobre posibles crímenes de fuerzas estadounidenses en Afganistán.
En febrero de 2025, Trump, que sigue estando señalado por los casos: Epstein, Cerimedo, Stormy…firmó la Orden Ejecutiva 14203, que autoriza sanciones contra la CPI por lo que califica de “acciones ilegítimas y sin fundamento” contra Estados Unidos e Israel. Desde entonces, la administración ha impuesto sanciones individuales a más de una docena de jueces, fiscales y funcionarios, incluyendo a la presidenta de la Corte, Tomoko Akane (Japón), y a abogados senior. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito a la CPI como un “tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado” que abusa de su autoridad y amenaza la soberanía de Estados Unidos y sus aliados. En julio de 2026, Rubio anunció una campaña para “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo si es necesario” y ha instado a los Estados miembros a retirarse del tratado.
La CPI ha rechazado estas medidas como un “ataque flagrante” contra una institución judicial independiente e imparcial, y ha afirmado que permanece “indesanimada” en su búsqueda de justicia por atrocidades. Algunos países, como Venezuela y Chad, han anunciado planes de retiro, aunque el apoyo general de los más de 120 Estados parte se mantiene en gran medida.
Posiciones enfrentadas sobre las razones de las sanciones
Desde la perspectiva oficial de Washington, las sanciones buscan proteger la soberanía nacional y a aliados clave. Estados Unidos sostiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre nacionales de países no firmantes del Estatuto de Roma y que sus acciones contra Israel y personal estadounidense constituyen un exceso de mandato y una politización del derecho internacional. La administración también ha vinculado la presión a investigaciones pasadas sobre Afganistán y ha amenazado con medidas adicionales si la Corte no abandona ciertos casos.
Críticos, entre ellos organizaciones de derechos humanos y algunos Estados europeos, argumentan que las sanciones representan un intento de garantizar impunidad ante acusaciones de crímenes graves. Señalan que la jurisdicción de la CPI se basa en el principio de territorialidad: puede investigar hechos ocurridos en territorio de un Estado parte (Palestina es miembro desde 2015) incluso si involucran a nacionales de no miembros. La Corte ha emitido órdenes también contra líderes de Hamás y ha investigado casos en otros conflictos, como Ucrania (orden de arresto contra Vladimir Putin) o Myanmar.
En paralelo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examina una demanda de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio en Gaza. Estados Unidos ha intervenido formalmente para rechazar esa acusación, argumentando que no se cumple el requisito de “intención específica” de destruir a un grupo y que las bajas civiles en un conflicto urbano no equivalen automáticamente a genocidio. Israel niega categóricamente las acusaciones.
Contexto político interno en Estados Unidos
Las medidas se producen en un momento de tensión doméstica. Las elecciones de medio término de noviembre de 2026 se acercan y las encuestas recientes muestran una aprobación baja del presidente Trump (en torno al 30-37% según distintos sondeos), con los demócratas favorecidos para recuperar la Cámara de Representantes y posiblemente competir por el Senado.
En septiembre y octubre de 2026, Trump reiteró una promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso. El propio presidente ha vinculado el pago a una victoria electoral republicana, estimando un costo de alrededor de un billón de dólares, que según él se financiaría con ingresos arancelarios e inversiones. Analistas y grupos presupuestarios cuestionan la viabilidad financiera y algunos críticos lo han descrito como un intento de influir en el voto, aunque la legalidad y los detalles concretos siguen sin resolverse.
La administración enfrenta también críticas por la inflación, el impacto de aranceles, la política migratoria (incluyendo operaciones de ICE) y el manejo de conflictos internacionales, entre ellos el apoyo a Ucrania y la situación en Oriente Medio. Trump ha defendido su historial como un esfuerzo por priorizar los intereses estadounidenses y detener guerras, aunque los resultados en Ucrania, Gaza e Irán (según reportes recientes) continúan generando debate interno.
Implicaciones internacionales
Las sanciones propuestas elevarían el enfrentamiento a un nivel sin precedentes. Al cortar el acceso al sistema del dólar, podrían forzar a la CPI a buscar alternativas financieras y tecnológicas, algo que ya ha comenzado parcialmente con cambios de software. Estados miembros de la Unión Europea y otras naciones han reiterado su apoyo a la Corte, pero el efecto disuasorio sobre bancos y proveedores internacionales podría ser considerable.
El episodio ilustra la tensión de larga data entre el unilateralismo estadounidense y las instituciones de justicia internacional creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras Washington insiste en que no tolerará “lawfare” contra sus ciudadanos o aliados, defensores de la CPI advierten que debilitar el tribunal podría erosionar la capacidad global de perseguir crímenes atroces en conflictos futuros.
Hasta el 3 de octubre de 2026, la anuncio formal de las sanciones institucionales aún no se había concretado, aunque fuentes indican que podría ocurrir en cualquier momento. La Asamblea de Estados Parte de la CPI ya ha trasladado su reunión anual de Nueva York a La Haya debido a las restricciones de visas y sanciones existentes. El desenlace de esta confrontación tendrá consecuencias tanto para la arquitectura del derecho internacional como para la política exterior estadounidense en los próximos años.
