“Escudo de las Américas”: Bolivia se ha convertido en una dictadura protegida por EE.UU.

Foto: Medios de Bolivia

En menos de una semana, Bolivia ha pasado de una crisis institucional a lo que críticos califican abiertamente como el nacimiento de una dictadura tutelada por Estados Unidos. La detención del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, la promulgación exprés de una ley que permite destituirlo, la designación de un interino y la presencia de funcionarios estadounidenses vinculados al programa “Escudo de las Américas” dentro del Legislativo han generado un escándalo continental. La narrativa oficial habla de “lucha contra el narcoterrorismo”. La oposición y analistas independientes denuncian un golpe coordinado contra la soberanía judicial latinoamericana.

La secuencia: de la sanción estadounidense a la captura

El 28 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó el visado a Róger Mariaca y a una docena de funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Washington acusó al fiscal general de “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico” y de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La medida se enmarcó en la política de la administración Trump contra quienes, según el comunicado oficial, “socavan gobiernos elegidos democráticamente” en el Hemisferio Occidental. Bolivia concentró el mayor número de sancionados.

Apenas 48 horas después, en la noche del 30 de septiembre, la Policía boliviana detuvo a Mariaca en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, junto al fiscal departamental Alberto Zeballos y otros altos cargos. En total, 14 personas fueron aprehendidas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el desmantelamiento de una “organización criminal” infiltrada en el Ministerio Público, dedicada a proteger e incentivar el “narcoterrorismo”. Se reportó el hallazgo de dinero en una ambulancia que salía de la casa del fiscal y se intervinieron sedes de la Fiscalía en Sucre, La Paz y Santa Cruz, en algunos casos en medio de transmisiones en vivo que fueron interrumpidas.

La justificación se apoyó en videos y audios atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset (capturado en Bolivia en marzo y entregado a Estados Unidos), en los que se refería a Mariaca como “amigo”. El Gobierno boliviano agradeció públicamente la “cooperación” estadounidense, aunque negó participación operativa directa de la DEA.

Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años, había impulsado investigaciones sensibles. Entre ellas destacaba la causa contra Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino fundador de La Derecha Diario, asesor del presidente Rodrigo Paz y figura vinculada a campañas de desinformación en varios países de la región, incluyendo Argentina (entorno de Javier Milei), Colombia y Bolivia. Cerimedo enfrentaba denuncias por tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y presuntos vínculos con vuelos irregulares. En allanamientos se encontraron granjas de bots y sumas de dinero. Mariaca había declarado que “no retrocedería ni un centímetro” tras la sanción estadounidense. Días después estaba detenido.

La ley exprés y la destitución

El viernes 2 de octubre, el presidente Rodrigo Paz promulgó una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permite la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando esté imputado formalmente o sujeto a medida cautelar por delitos penales. La Asamblea Legislativa puede hacerlo con dos tercios de los presentes y designar un interino en la misma sesión. Horas después, en sesión maratónica, el Legislativo destituyó a Mariaca y eligió a José Armando Urioste como fiscal general interino.

Paz celebró la norma como “decisiones que cambian el Estado” y vinculó el caso al trabajo del “Escudo de las Américas”, un esquema de cooperación regional impulsado por Washington. El secretario de Estado Marco Rubio respaldó las acciones bolivianas contra el narcotráfico y la corrupción.

El incidente de los códigos QR y la presencia estadounidense

Mientras se tramitaba la destitución, un representante de la Embajada de Estados Unidos, acompañado por diplomáticos de Argentina y Perú, asistió a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La senadora Ana María Crispín (Partido Demócrata Cristiano) lo confrontó en vivo. En videos que circularon masivamente, Crispín grita: señala a los funcionarios extranjeros y denuncia que se estaban pasando códigos QR a legisladores. El estadounidense se identificó como parte del “Escudo de las Américas” y afirmó que apoyaban “un momento muy importante para el país”. Cuando se le preguntó por el QR, respondió que era su contacto de WhatsApp.

Crispín sostuvo ante la prensa que se trataba de pagos electrónicos para influir en la votación. La diputada aludida, María Espejo, negó haber recibido dinero y dijo que solo intercambiaba un número telefónico. El Gobierno boliviano calificó de “absurdas” las acusaciones y pidió disculpas a los diplomáticos. El expresidente Evo Morales denunció “presión política, sobornos y matonaje” del imperialismo y del gobierno de Paz. Periodistas como Ollie Vargas amplificaron los videos, afirmando que Estados Unidos estaba “aprobando y bloqueando leyes directamente” en países latinoamericanos.

La denuncia de Petro y el contexto continental

El 3 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en X: “Bolivia pasa a ser dictadura”. Acusó al gobierno de Paz de arrestar al fiscal porque este investigaba “la campaña de falsedad que cayó sobre Latinoamérica en elecciones”, ligada al Departamento de Estado y la Casa Blanca. Criticó la persecución al expresidente Luis Arce y a Evo Morales, la represión de movilizaciones y la destrucción de la Constitución. Vinculó a operadores como Cerimedo con redes de desinformación financiadas, según él, por figuras como Jeffrey Epstein y Benjamín Netanyahu, y con perfiles falsos orientados a imponer “presidentes genuflexos”.

Petro llamó a un diálogo entre Estados Unidos y América Latina basado en democracia y libertad, criticó la estrategia de Marco Rubio y solicitó a los movimientos progresistas defender a Lula en Brasil frente a “granjas de bots” y máquinas del miedo. También invitó a construir herramientas tecnológicas para combatir la mentira digital.

El artículo de El Antioqueño Diario del 1 de octubre ya había anticipado el análisis: el caso Mariaca-Cerimedo representa “el desplome de la soberanía judicial en América Latina por culpa de EE.UU.”. Señala la sincronía imposible de atribuir al azar: investigación contra un operador clave de la derecha digital → sanción estadounidense → detención y desmantelamiento de la cúpula de la Fiscalía → agradecimiento a Washington. Advierte que si la causa contra Cerimedo se archiva, el mensaje para la región es que los operadores de desinformación vinculados a la derecha dura y a Washington gozan de impunidad.

¿Lucha antidrogas o tutela imperial?

El Gobierno de Rodrigo Paz presenta los hechos como un triunfo contra una “narcoestructura” enquistada en la justicia. Washington lo enmarca en su política hemisferica de combate al narcoterrorismo y defensa de la democracia. Sin embargo, la velocidad de los acontecimientos, la reforma legal a medida, la presencia de funcionarios del “Escudo de las Américas” en el Legislativo y las denuncias de interferencia han generado alarma en amplios sectores progresistas y soberanistas de la región.

Críticos señalan que se neutralizó precisamente al fiscal que investigaba posibles nexos de un asesor presidencial con irregularidades, mientras se invocaba el discurso antidrogas —histórico instrumento de presión selectiva de Estados Unidos en América Latina— para desarticular la independencia del Ministerio Público. La paradoja es evidente: se detiene al que investigaba y se celebra la “cooperación” del mismo poder extranjero que marcó al detenido.

El caso no se limita a Bolivia. Cerimedo representa una red de influencia digital de derecha que ha operado en múltiples países. La impunidad potencial de esas estructuras, protegidas por la tutela estadounidense, plantea un precedente peligroso: la soberanía judicial latinoamericana tiene un límite, y ese límite lo dibuja el Departamento de Estado.

Mientras Petro llama a la resistencia digital y al diálogo de civilizaciones, el gobierno de Paz consolida el control sobre la Fiscalía y agradece el “Escudo”. Bolivia, según la lectura crítica que se impone en amplios sectores de la izquierda continental, ha dejado de ser una república soberana para convertirse en una pieza más del tablero geopolítico estadounidense. El fiscal que se atrevió a investigar está preso. Las pruebas, bajo control del gobierno que lo acusó. Y el nuevo fiscal, nombrado por quienes celebran la cooperación de Washington.

La oscuridad no siempre necesita conspiraciones elaboradas. A veces bastan una sanción, una policía encapuchada, una ley exprés y un gobierno dispuesto a entregar su institucionalidad.

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