Masacre en Ataco, Tolima: cuerpos con signos de tortura, minería criminal y una nueva cifra de violencia que no cesa

En medio de la ofensiva estatal, los grupos armados han manifestado que no se someterán al gobierno de Abelardo, cuya administración ejecutó bombardeos que han matado a 8 menores en menos de 3 meses

Foto: Los dos cuerpos aparecieron en el río Saldaña, El Olfato

Hoy, familiares y amigos de Duber Guluma Navarro, Darwin Soto y Robinson Merchán comenzaron a publicar mensajes de despedida en redes sociales. Tres de los cuerpos hallados en la zona de Ortega-Coyaima corresponderían a tres de las personas que llevaban días desaparecidas en la zona rural de Ataco, en el sur del Tolima. Las víctimas presentaban signos de tortura y ejecución, un hecho que, según reportes preliminares de organizaciones y de la comunidad, evidenciaría una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Este hallazgo eleva el saldo trágico de una serie de hechos que comenzaron el domingo 25 de octubre. Ese día, en inmediaciones de un puente entre las veredas Guacamayas y Mangas, en el sector de Batatas (vía al corregimiento de Santiago Pérez), fueron encontrados los cuerpos de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, estudiante de grado once de la Institución Educativa Martín Pomala que estaba en proceso de grado, y de su primo Arquímedes Perdomo González, de 25. Ambos habrían estado realizando minería artesanal de oro cuando fueron asesinados a tiros. Junto a los cadáveres apareció un letrero que los acusaba de colaboración con la Segunda Marquetalia. Personas cercanas a las víctimas rechazaron el señalamiento y insistieron en que se trataba de mineros artesanales.

Las desapariciones reportadas inicialmente incluían a José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. Algunas fuentes mencionaron también a Sebastián Cortés. Según versiones de la comunidad y de autoridades, estas personas habrían sido retenidas por un grupo armado en la misma zona rural. El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, confirmó que al menos dos de los desaparecidos que había denunciado en la plenaria de la Cámara fueron hallados muertos y exigió acciones integrales contra la minería criminal, así como un plan que fortalezca la vocación agraria, turística y de paz del departamento.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó directamente al Frente Gerónimo Galeano (o Comisión Gerónimo Galeano), de las disidencias de las FARC, por la vida e integridad de los jóvenes secuestrados y de todos los ciudadanos del municipio. “Este grupo debe responder por sus acciones de intimidación y violencia”, escribió en redes. El secretario de Seguridad departamental, Alfredo Bocanegra, ha señalado la presencia de múltiples estructuras armadas en la zona: Segunda Marquetalia, la estructura de Jerónimo Galeano, disidencias de Iván Mordisco y el Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo pidió una respuesta institucional inmediata, recordó alertas tempranas sobre la disputa territorial entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, y advirtió sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, especialmente en Ataco.

Organizaciones y vecinos vinculan estos hechos con el avance de la minería criminal que azota el territorio. En menos de un mes, según reportes locales, se habrían registrado más de cinco asesinatos y al menos otras cinco desapariciones presuntamente relacionadas con el control de las rentas del oro ilegal. La minería artesanal, que durante años ha sido una opción de subsistencia para familias campesinas, se ha convertido en un escenario de disputa entre grupos armados que imponen “vacunas”, regulan el acceso a las zonas de extracción y castigan con extrema violencia a quienes consideran rivales o “colaboradores”.

El sur del Tolima no es un caso aislado. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Colombia registraba 101 masacres al 27 de octubre de 2026, cifra que ya superaba las 96 de 2021 (la más alta de la última década hasta entonces) y las 78 de todo 2025. La Defensoría del Pueblo, con corte a 30 de septiembre, documentó 94 masacres con 366 víctimas y el asesinato de 126 líderes sociales (27 mujeres y 99 hombres). Departamentos como Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayor violencia, pero el Tolima y el Huila también han visto un recrudecimiento reciente, con masacres en Algeciras y Suaza que elevan el conteo nacional.

El representante Renzo García y la comunidad de Ataco coinciden en un diagnóstico: “No necesitamos más discursos”. Exigen un plan integral que frene la minería criminal, proteja a las comunidades y fortalezca las economías lícitas. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan la identificación formal de los cuerpos, la recuperación de los restantes desaparecidos y que estos hechos no queden en la impunidad.

En paralelo, el clima de confrontación nacional se endurece. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el 7 de agosto de 2026, ha anunciado ofensivas militares contra el ELN y las disidencias de las FARC, descartando negociaciones mientras continúen las acciones criminales y condicionando cualquier salida a la liberación de secuestrados. Un comandante del ELN, alias Fabio, respondió que la guerrilla no se someterá al gobierno de De la Espriella y advirtió que responderá con la misma fuerza si se plantea la guerra: “Resistiendo con tecnología, con inteligencia. Nosotros no somos un aparato militar, somos un pueblo lleno de historia. Entonces, está muy equivocado el tigre”.

Ataco, un municipio que se presenta como “ciudad dorada y productiva del Tolima”, vive horas de zozobra. Las instituciones educativas del departamento guardaron un minuto de silencio en memoria de Laura Ximena. Las autoridades realizan consejos de seguridad, activan rutas de búsqueda y piden a la comunidad información. Pero en las veredas de Guacamayas, Mangas y Batatas, y ahora en Ortega-Coyaima, el mensaje de los grupos armados es claro y brutal: el control territorial y de las rentas ilícitas se impone a sangre y fuego.

La cifra de 102 masacres en 2026, si se confirma el registro de Ataco como tal, no es solo un número. Detrás de cada una hay nombres, familias destrozadas, jóvenes que buscaban oro para sobrevivir y un territorio atrapado entre la disputa de estructuras armadas, la debilidad institucional y la expansión de economías criminales. Mientras no se ataque de raíz la minería ilegal y se garantice la protección efectiva de la población civil, la violencia en el sur del Tolima —y en buena parte del país— seguirá escribiendo capítulos como este.

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