Antioquia podría ser de nuevo el laboratorio militar de EE.UU. y piden eliminar la Tasa de Seguridad

Foto: ANSA/EPA

El gobernador Andrés Julián Rendón no pierde oportunidad. Apenas se confirma la llegada de más de 300 soldados estadounidenses para el ejercicio Vanguardia del Sur 2026 en Tolemaida, el mandatario antioqueño sale a ofrecer su departamento como “piloto” para mantener y profundizar los entrenamientos conjuntos. El argumento es conocido y, en apariencia, impecable: fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente al narcotráfico, la minería ilegal y el uso de drones por parte de los grupos criminales. Antioquia, dice, tiene “bandidos de diferente pelambre” que se fortalecieron con la paz total, más de 20.000 hectáreas de coca (frente a las apenas 900 de 2013) y necesita retomar la cooperación que en el pasado demostró efectividad.

El problema no es el diagnóstico del narcotráfico ni de la criminalidad; en eso hay consenso. El problema de fondo es el remedio que se propone y el momento político en que se plantea. Porque mientras Rendón invita a convertir a Antioquia otra vez en el epicentro de la experimentación militar con Estados Unidos, los gremios del departamento —encabezados por Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial— le exigen una contraprestación elemental: que elimine de inmediato la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia. El malestar no es gratuito. Organizaciones especializadas como Corpades señalan, respaldadas por datos duros de terreno, que este recaudo no ha entregado la seguridad prometida: las hostilidades han aumentado, los homicidios persisten en la impunidad y el control territorial y social de los grupos armados se consolida de forma alarmante en varias subregiones.

El regreso del “piloto” y las sombras de la soberanía

La llegada de tropas estadounidenses no es una novedad absoluta en la historia reciente de la cooperación bilateral. Esta es la cuarta edición de Vanguardia del Sur, un ejercicio que formalmente se realiza en Cundinamarca, entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2026. Con un énfasis explícito en interdicción, combate a la minería ilegal, contrarrestar sistemas aéreos no tripulados y coordinar evacuaciones médicas, el Ministerio de Defensa y el Comando Sur lo presentan bajo el rótulo técnico de “ejercicio de interoperabilidad”. Un despliegue de rutina, según los canales oficiales.

Rendón, sin embargo, quiere ir mucho más allá de la cortesía diplomática o el entrenamiento estacional. Su propuesta busca que Antioquia sea el escenario permanente, el tablero prioritario de esa cooperación de alta intensidad. La narrativa que soporta su postura es la de siempre, un reduccionismo histórico: cuando había fuerte presencia y asistencia militar estadounidense la coca bajaba; cuando esta se debilitó, el negocio criminal se disparó. Si bien existe una correlación matemática innegable en ciertos periodos, la lectura adolece de una profunda simplificación. La coca no se expandió por el territorio antioqueño simplemente por la ausencia de instructores gringos o asesores de Washington. Creció por la combinación estructural de una política de “paz total” nacional que careció de mecanismos rigurosos de verificación y terminó dándole oxígeno y legitimidad a los grupos locales, por la debilidad crónica del Estado en las zonas rurales dispersas, por la insaciable rentabilidad global del negocio y por la incapacidad histórica de ofrecer alternativas económicas reales, sostenibles y dignas a las comunidades cultivadoras.

Convertir a Antioquia en “laboratorio” no es un juego inocuo de geopolítica local. Históricamente, los laboratorios de la cooperación antinarcóticos —desde los años del Plan Colombia— han dejado huellas profundas y no siempre positivas: bases de operaciones, esquemas de inteligencia compartida y operaciones conjuntas que a largo plazo heredan serios cuestionamientos sobre la soberanía jurídica y operativa, el alcance real de la presencia extranjera y el respeto a los derechos humanos.

De hecho, en el panorama político nacional ya se advierte con recelo un fenómeno paralelo que complejiza el debate: la presunta colaboración de asesores y militares estadounidenses con el gobierno de De la Espriella desde el pasado 7 de agosto. Cabe recordar que De la Espriella posee también la ciudadanía estadounidense, un factor que no es menor y que introduce profundas suspicacias en los círculos de análisis político sobre cuáles son los verdaderos hilos, condicionamientos e intereses detrás de la cooperación bilateral. ¿Se está diseñando una política de seguridad nacional soberana o se está delegando la estrategia a los intereses de seguridad hemisférica de una potencia extranjera?

Bajo este espejo, surge la duda de si el problema crítico de la captura del territorio por economías ilícitas se resuelve con más fusiles, más doctrina foránea y más drones, o si simplemente se está gestionando la crisis para que no desborde ciertos límites tolerables. Ofrecer el departamento como un piloto permanente es, en el fondo, una confesión de parte: es reconocer que la estrategia institucional propia no alcanza, que las capacidades locales están desbordadas y que se necesita de manera obligatoria el tutor externo. Es legítimo pedir ayuda internacional en un mundo interconectado; lo problemático y peligroso es presentar esa ayuda externa como la única solución estructural posible.

La tasa que asfixia a las mipymes sin dar seguridad

Mientras el radar del gobernador apunta a Washington, la realidad económica local golpea a la puerta de la gobernación. Los gremios económicos exigen con urgencia el desmonte de la Tasa Especial de Seguridad. El argumento del sector productivo es pragmático y difícil de rebatir: si el Gobierno nacional va a centralizar y financiar la seguridad territorial mediante transferencias y convenios internacionales, el cobro departamental extra pierde toda justificación técnica y moral. Los empresarios argumentan que esta tasa se ha convertido en una carga impositiva asfixiante para el tejido empresarial, ensañándose especialmente con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que operan con márgenes de ganancia mínimos. Al sumarse a la ya pesada reforma tributaria nacional y a los costos energéticos disparados, el impuesto local ahoga la competitividad regional y frena la creación de empleo formal en las subregiones.

La tasa, que comenzó a cobrarse de forma efectiva en 2025 y cuya vigencia está proyectada hasta el año 2027, se liquidaba directamente a través del consumo de energía de los usuarios comerciales e industriales. En su momento, se vendió a la opinión pública como la panacea financiera: la herramienta definitiva para dotar a la Fuerza Pública de movilidad, instalar sofisticadas redes de cámaras de vigilancia, adquirir drones de última generación y construir infraestructura de control en los corredores viales. Los gremios, previsivos, siempre se opusieron al advertir que los impuestos específicos rara vez solucionan problemas estructurales de ineficiencia administrativa. Ahora, ante el anuncio de grandes despliegues y recursos del orden nacional y extranjero, ven la ventana de oportunidad política idónea para exigir su eliminación inmediata.

Corpades y diversos analistas del conflicto urbano y rural van un paso más allá de la queja económica: no solo cuestionan la idoneidad del cobro, sino su nula efectividad en el territorio. Se ha llegado al extremo de señalar que la tasa “no es realmente para la seguridad pública ciudadana” —citando incluso posturas ambiguas del propio secretario del ramo de la gobernación— y que, mientras el recaudo fluye hacia las arcas públicas, los indicadores de violencia en las periferias no dan tregua. Las muertes violentas, las extorsiones comerciales a pequeña escala, los hostigamientos a misiones médicas y el desplazamiento forzado intraurbano y rural continúan su tendencia al alza en varias zonas neurálgicas. El Oriente antioqueño, el Suroeste cafetero, el Norte profundo: las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se repiten como un eco trágico. La violencia no ha desaparecido; ha mutado. Aparecen nuevos actores delincuenciales que actúan como franquicias, se disputan los corredores de movilidad a plena luz del día y, ante esto, el Estado sigue reaccionando tarde, de forma fragmentada o mediante costosos espectáculos mediáticos de corta duración.

Aquí es donde estalla la contradicción más dura de la gestión departamental. El gobierno local pide con urgencia más presencia militar extranjera bajo la premisa de que la situación de seguridad es crítica y las herramientas actuales son insuficientes, pero al mismo tiempo defendió a capa y espada un impuesto local cuyo único propósito legal era, supuestamente, dotar al departamento de las herramientas necesarias para no depender de nadie más. Si la tasa no ha funcionado tras casi dos años de cobro ininterrumpido, ¿en qué se invirtieron realmente esos miles de millones de pesos? Si ahora llega el respaldo financiero nacional y se invita formalmente a los batallones estadounidenses, ¿qué sentido tiene seguir estrangulando económicamente a los comerciantes locales que ya pagan seguridad privada y extorsiones para poder abrir sus negocios? Y si la solución mágica es más entrenamiento táctico con el Comando Sur, ¿por qué no se articula primero una estrategia civil e integral que combine inteligencia financiera para desmantelar el lavado de activos, presencia social permanente del Estado, formalización de economías rurales y control territorial real, en lugar de dar bandazos ciegos que van desde un impuesto local ineficaz hasta un laboratorio militar extranjero?

El riesgo de las soluciones cosméticas y el costo ciudadano

Antioquia no necesita ser el conejillo de indias de otro experimento de doctrina militar. Necesita resultados tangibles que se sientan en las calles y en las veredas. La criminalidad en el departamento tiene una complejidad hiperdegradada: la hegemonía expansiva del Clan del Golfo, la presión de las disidencias de las FARC, la persistencia histórica del ELN, las oficinas de cobro locales y las estructuras delincuenciales urbanas que controlan desde el microtráfico hasta la distribución de alimentos básicos. Los drones y los sistemas de comunicación encriptados ya no son una novedad tecnológica exclusiva del Estado; hoy son herramientas cotidianas de los grupos ilegales para vigilar los movimientos del ejército y amedrentar a la población civil civil. La respuesta institucional a una amenaza de gobernanza criminal de este calado no puede limitarse a más entrenamiento táctico de comandos, por más sofisticado, moderno y primermundista que este sea.

Hay una tentación populista y peligrosa en la propuesta del gobernador Rendón: externalizar la solución para evadir la responsabilidad política directa. Estados Unidos no opera como una ONG de beneficencia; tiene intereses geopolíticos y estratégicos nítidos en la región andina: contener el flujo de fentanilo y cocaína que presiona sus fronteras, proyectar influencia militar directa, asegurar recursos estratégicos y contrarrestar el avance comercial y diplomático de otras potencias globales en América Latina. Colombia, como Estado soberano, tiene todo el derecho y la necesidad geopolítica de cooperar con sus aliados tradicionales. Pero convertir un departamento federado en un piloto permanente de esa cooperación táctica implica aceptar implícitamente que la soberanía operativa se fragmenta, que las decisiones de orden público se comparten y que la estrategia de seguridad local se diseña, en última instancia, en función de lo que el socio externo esté dispuesto a financiar, aportar o priorizar según su propia agenda doméstica.

Al mismo tiempo, mantener la vigencia de una tasa que los propios sectores productivos consideran insostenible y que las organizaciones de derechos humanos catalogan como un saludo a la bandera frente a la violencia real es un síntoma inequívoco de debilidad y terquedad política. Si los recursos del orden nacional finalmente se inyectan en el territorio y la cooperación internacional se intensifica en bases como Tolemaida, lo coherente, transparente y responsable económicamente es revisar a fondo las cuentas de la tasa regional, auditar los contratos de tecnología que se firmaron bajo su amparo, mostrar los resultados operativos indexados a ese recaudo y aceptar que el modelo de financiación local de la seguridad falló en su concepción. De lo contrario, se consolida la percepción de que la seguridad en Antioquia es solo un negocio fiscal para financiar burocracia de control.

Al final de este ciclo de debates y desencuentros, es el ciudadano de a pie el que termina pagando la factura por duplicado: la primera vez de forma directa o indirecta a través de los recargos en sus facturas de energía, los mayores costos de los productos básicos y la contracción del empleo formal; y la segunda vez, la más dolorosa, pagando con su tranquilidad en unos territorios donde la inseguridad simplemente no cede. Los experimentados soldados estadounidenses empacarán sus equipos e inteligencia operativa y se marcharán el 11 de noviembre cuando concluya el ejercicio de interoperabilidad. Sin embargo, las estructuras criminales del Clan del Golfo se quedan en el territorio. Las disidencias se quedan. Las hectáreas de coca sembrada se quedan. La minería ilegal que envenena los ríos se queda.

Y la gran pregunta estructural sigue flotando en el aire sin que nadie se atreva a responderla con honestidad: ¿cuántas veces más se va a ofrecer a Antioquia como un laboratorio experimental de guerra antes de que las instituciones del Estado colombiano —tanto en su vertiente nacional como departamental— demuestren con seriedad que pueden recuperar el control integral del territorio con sus propias capacidades, con una estrategia civil y militar de factura estrictamente propia, y con resultados institucionales medibles a largo plazo?

La oferta del gobernador es clara en sus intenciones de mostrar mano dura. La petición de los gremios económicos es igualmente nítida en su asfixia financiera. La evidencia analítica de Corpades y el comportamiento real de los indicadores de violencia son, desafortunadamente, más claros todavía. Ahora falta que la dirigencia política se haga cargo de la inmensa contradicción que ha prohijado. Porque mientras el debate público se pierde en la retórica de si el laboratorio táctico debe ser Antioquia o Tolemaida, y si la tasa de seguridad se elimina por las malas o se mantiene por terquedad, los hostigamientos en las zonas rurales continúan su curso diario, los homicidios selectivos se acumulan en las estadísticas oficiales y el control social del territorio sigue en disputa criminal. Y eso, digámoslo con total crudeza y sin eufemismos tecnocráticos, es un fracaso institucional colectivo que jamás se va a resolver importando soldados extranjeros ni imponiendo más cobros arbitrarios a las empresas que sostienen la economía de la región.

Publicaciones Similares

Deja un comentario