Páramo de Santurbán: el nuevo Gobierno revoca la reserva que protegía 1.499 hectáreas clave, para el agua de más de dos millones de personas

Una decisión administrativa tomada en los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella ha reabierto con fuerza una de las disputas ambientales más largas y sensibles de Colombia. Mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, se revocó de manera directa la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026. Esta última había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, sobre 1.499 hectáreas en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California (Santander), dentro del Macizo de Santurbán.
La medida derogada restringía nuevas concesiones y licencias de mediana y gran minería en esa zona, identificada por estudios técnicos como de especial riesgo de contaminación para el sistema hídrico superficial y subterráneo. Su anulación ha generado indignación inmediata entre organizaciones ecológicas, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y defensores del agua, quienes advierten que debilita la salvaguarda de recursos estratégicos y pone en riesgo el suministro hídrico de cerca de dos millones de habitantes de Bucaramanga, su área metropolitana y municipios de Santander y Norte de Santander.
El contexto de una lucha de más de una década
El Páramo de Santurbán, o complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, es uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes del país. Ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, a altitudes que superan los 3.000 metros, actúa como una verdadera fábrica de agua: regula y abastece las cuencas que surten acueductos de los que dependen más de dos millones de personas. Su biodiversidad, con frailejones, turberas y bosques altoandinos, lo convierte en un territorio de fragilidad ecológica extrema.
Durante más de 15 años, el Comité Páramo de Santurbán y otras organizaciones ciudadanas han liderado movilizaciones, acciones jurídicas y campañas para impedir proyectos de gran minería de oro, especialmente el de Soto Norte impulsado por la multinacional Aris Mining (antes asociada a Minesa). La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación participativa del páramo tras anular la de 2014 por falta de consulta efectiva a las comunidades. El proceso ha acumulado retrasos de más de ocho años, según informes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, lo que ha favorecido el avance de la minería ilegal y la informalidad.
En los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente, bajo la entonces ministra encargada Irene Vélez Torres, expidió tres resoluciones el 6 de agosto de 2026. Una de ellas fue la 0994, que creó la reserva definitiva en La Baja sobre la base de estudios del Servicio Geológico Colombiano e IDEAM que evidenciaban la interconexión del páramo, el bosque altoandino y las aguas. Otra actualizó y prorrogó una zona de reserva temporal de más de 73.000 hectáreas, y una tercera avanzó en la “delimitación progresiva” de cerca de 29.200 hectáreas en 19 municipios donde ya se habían cerrado concertaciones.
Estas medidas fueron presentadas por el gobierno saliente como un “saldo de deuda histórica” para proteger el ecosistema y el agua. Sin embargo, generaron críticas de organizaciones mineras y comunales de Soto Norte, que las consideraron inconsultas, lesivas para la minería formal y favorables a la ilegalidad.
Los argumentos del Ministerio para la revocatoria
Según la Resolución 1037 y reportes de medios como Blu Radio y Caracol Radio, la revocatoria se fundamenta en dos elementos principales de orden procedimental y judicial.
En primer lugar, el 4 de agosto de 2026 se había presentado una recusación contra Irene Vélez Torres relacionada expresamente con el trámite de la reserva de La Baja. La ley establece que, una vez radicada una recusación, la actuación administrativa debe suspenderse hasta su resolución. El Ministerio sostiene que la Resolución 0994 se expidió el 6 de agosto sin tramitar esa recusación, configurando una “contravención de una regla legal procedimental de orden público” que permite la revocatoria directa.
En segundo lugar, una sentencia del 10 de agosto de 2026 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, proferida en el marco de una tutela sobre el proceso de consulta pública, amparó derechos de acceso a la información, participación y debido proceso. El juez ordenó que, si la resolución ya había sido expedida, quedara sin efecto y se retrotrajera el procedimiento para garantizar nuevamente la etapa de consulta.
El Ministerio aclara que la decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia futura de medidas de protección ambiental en la zona. Señala que deberá realizarse una nueva evaluación jurídica, técnica, ambiental y procedimental que respete las garantías de participación y las decisiones judiciales.
El ministro Fabio Arjona, biólogo marino con trayectoria en Conservación Internacional Colombia y experiencia previa en el sector ambiental, había expresado antes de posesionarse críticas a lo que denominó “hidrología política” en el manejo de Santurbán, abogando por una delimitación técnica alejada de intereses particulares y por la formalización de la minería existente, incluyendo la posibilidad de proyectos industriales que ayuden a controlar la ilegalidad.
Reacciones: indignación y llamado a la movilización
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido en redes sociales, afirmó: “No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán. Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”.
La organización anunció acciones jurídicas y nuevas movilizaciones, y convocó a la ciudadanía a acompañarlas. “El agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden”, subrayó. Otras organizaciones ecológicas y defensores del agua han expresado profunda indignación, advirtiendo que la determinación debilita la salvaguarda de recursos estratégicos.
En redes sociales, la noticia ha generado un amplio debate. Sectores ambientales y progresistas ven en la revocatoria una señal de apertura a intereses mineros y un retroceso en la protección de ecosistemas de alta montaña. Voces cercanas a las comunidades mineras de Soto Norte, por su parte, han celebrado históricamente la eliminación de medidas que, según ellas, afectaban la formalización y dejaban espacio a la ilegalidad.
El dilema de fondo: minería versus agua
La decisión reabre con contundencia la discusión sobre el equilibrio entre el desarrollo de actividades mineras en zonas de alta fragilidad ecológica y la protección indispensable del suministro hídrico. Estudios previos han documentado contaminación por mercurio, plomo, arsénico y drenajes ácidos en fuentes de agua de la región, con cierres temporales de bocatomas del acueducto de Bucaramanga en años anteriores.
Mientras la minería formal e informal genera empleo en municipios como California, Vetas y Suratá, los defensores del páramo sostienen que los riesgos de contaminación irreversible superan cualquier beneficio económico local cuando está en juego el agua de dos millones de personas. La minería ilegal, según alertas de la Procuraduría y la Defensoría, ha avanzado precisamente por los vacíos de delimitación y control.
El Ministerio ha indicado que se abrirá un nuevo proceso de evaluación. Sin embargo, el Comité Santurbán y aliados ya preparan recursos judiciales y movilizaciones. La historia de Santurbán demuestra que cada resolución, cada fallo y cada anuncio reavivan una confrontación que lleva más de 17 años y que involucra no solo a comunidades locales, sino a la seguridad hídrica de una región entera.
Por ahora, la reserva “La Baja” ha dejado de existir en el papel. El futuro de esas 1.499 hectáreas —y del agua que de ellas depende— vuelve a estar en disputa.

