Reportan posibles nuevos falsos positivos y abusos de la fuerza pública
Desde el 7 de agosto de 2026, cuando Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia con la promesa de una “guerra sin tregua” contra los grupos armados y una política de seguridad de mano dura, las denuncias por posibles ejecuciones extrajudiciales y excesos policiales han vuelto a ocupar titulares. En menos de dos meses, casos que evocan los tristemente célebres “falsos positivos” —civiles asesinados y presentados como combatientes— se acumulan junto a muertes bajo custodia policial, especialmente de jóvenes afrodescendientes y campesinos. La crítica no es solo de opositores: organizaciones de derechos humanos, comunidades locales, la Defensoría del Pueblo y reportes periodísticos advierten que la lógica de “resultados a cualquier costo” amenaza con repetir errores históricos que costaron miles de vidas inocentes.
Los casos más recientes (30 de septiembre – 1 de octubre de 2026)
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre circuló con fuerza el reportaje de Noticias Uno sobre la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena (Meta). Campesinos de la Junta de Acción Comunal denuncian que el 22 de septiembre tropas del Ejército asesinaron a Luis Carlos Mojica Guzmán, un líder comunitario desarmado que se acercó a una vivienda donde militares habrían retenido y agredido a una familia campesina (incluyendo la humillación de una mujer a la que obligaron a desvestirse). Según la comunidad, los soldados se llevaron el cuerpo y este no ha aparecido. El Ejército sostiene otra versión: que Mojica era “alias Rafael”, integrante del anillo de seguridad de un cabecilla de las disidencias de las FARC, y que la operación ocurrió en otra jurisdicción (Calamar, Guaviare). La discrepancia de lugares, la desaparición del cadáver y el testimonio comunitario han reabierto alarmas sobre posibles “positivos” fabricados.
Casi en paralelo, el caso de Villa Rica (Cauca) se sumó a la lista. En la noche del 27 o 28 de septiembre, Luis Alfredo Chocó Echeverry (o Echeverry Chocó), joven padre de dos hijos, afrodescendiente y reconocido en su comunidad, murió durante un procedimiento policial. Familiares y organizaciones como CORPADES denuncian abuso y un disparo a quemarropa o en la cabeza; la Policía afirma que hubo un enfrentamiento con disparos desde un vehículo y que actuó en legítima defensa, capturando a otros dos jóvenes e incautando armas. El caso se enlaza explícitamente con los de Donovan Balanta Paz (Bogotá) y Ricardo Andrés Martínez Rodríguez (Santa Marta).
Estos hechos de finales de septiembre no son aislados.
El patrón desde el 7 de agosto
- Ricardo Andrés Rodríguez Martínez (18 años): Muerto en un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) cerca de Santa Marta. La madre y familiares aseguran que era un obrero de la construcción sin vínculos con el grupo armado; gritó su inocencia antes de recibir un disparo en el pecho. El gobierno celebró la baja de un cabecilla; versiones locales y de derechos humanos hablan de posible civil presentado como combatiente.
- Donovan Balanta Paz (alrededor de 34 años, afrodescendiente): Murió bajo custodia policial tras un procedimiento en límites de Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha (20-21 de septiembre). Familiares denuncian golpes, múltiples descargas de taser en pecho y espalda mientras estaba esposado, y que llegó sin signos vitales al hospital. La Policía habla de una “afectación repentina” y separó a siete uniformados. La ONU Derechos Humanos exigió una investigación exhaustiva.
- Luis Carlos Mojica Guzmán: El caso de La Macarena/Meta ya detallado, con cuerpo no localizado según la comunidad.
La suma es inquietante: un joven campesino u obrero en la Sierra Nevada, un afrodescendiente muerto tras brutalidad policial en la capital, otro joven afro en el Cauca y un líder campesino en el Meta cuyo cuerpo “desaparece” mientras el Ejército lo reclama como disidente. Organizaciones y medios hablan abiertamente de “el fantasma de los falsos positivos” que revive bajo la política de seguridad de De la Espriella.
Una política que prioriza las bajas sobre las garantías
De la Espriella asumió prometiendo acabar con la “paz total” de su predecesor y recuperar el control territorial con contundencia. Ha posado junto a bolsas blancas con cadáveres, celebrado operativos con cifras de “bajas” y fomentado un clima en el que los resultados militares se miden en muertos. Datos oficiales muestran un aumento dramático de muertes de miembros de grupos armados en los primeros meses, pero también una caída en capturas. Críticos advierten que esta lógica de “conteo de cuerpos” fue precisamente la que incentivó los más de 6.400 (luego actualizados a 7.837) falsos positivos documentados por la JEP en gobiernos anteriores.
La historia de Colombia es clara: cuando la fuerza pública opera bajo presión de “resultados” sin controles estrictos, los civiles pobres, campesinos, afrodescendientes y jóvenes vulnerables pagan el precio. Madres de víctimas de falsos positivos (Mafapo) ya han señalado públicamente que “volvimos a los falsos positivos para sacar pecho”. La Defensoría ha pedido esclarecimientos urgentes. La ONU ha intervenido en al menos un caso.
Este no es un artículo de oposición ciega. Es una advertencia basada en los hechos reportados por comunidades, periodistas y organismos de control. Una política de seguridad legítima no puede construirse sobre cuerpos dudosos, versiones contradictorias y cadáveres que desaparecen. Si el gobierno de De la Espriella quiere legitimidad, debe investigar con total transparencia, entregar los cuerpos, escuchar a las familias y abandonar cualquier tentación de medir el éxito en bolsas blancas. De lo contrario, el país no solo enfrentará más violencia de los grupos armados: enfrentará de nuevo el horror de un Estado que mata a sus propios ciudadanos y los disfraza de enemigos. Las víctimas de ayer no perdonan; las de hoy tampoco lo harán.
